A finales de junio el Gobierno de España aprobaba la prolongación de las ayudas para los autónomos y los ERTE hasta el 30 de septiembre. Esta aprobación permitía a los autónomos beneficiarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad una concesión automática de exoneración del 100% de su cuota de Seguridad Social en julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre. Se ofrecía, también, a los autónomos que mantuvieran una caída en su actividad del 75% en esos meses, poder solicitar la prestación por cese de actividad ordinario pero compatible con la actividad hasta el 30 de septiembre y se habilitaba una ayuda para los autónomos de temporada.
Sin embargo, la nueva prestación ordinaria dejaba fuera a aquellos autónomos que no tuvieran una antigüedad de 12 meses cotizados, a los beneficiarios de tarifa plana y sorprendentemente, a los autónomos en pluriactividad, pese a que en la norma establecía la compatibilidad de la prestación con la actividad sin distinguir si ésta se realiza por cuenta propia y/o ajena. Estas restricciones de acceso han dado lugar a que la prestación haya llegado a un número ridículo de autónomos.
Hay que tener en cuenta que dichas medidas se negociaron en un contexto de desescalada, en el que la mayoría de los autónomos había reiniciado su actividad tras la finalización del estado de alarma y pensábamos que la pandemia nos daría una “tregua estival” al menos hasta octubre y nos permitiría compensar en verano parte del impacto económico que habíamos sufrido en nuestra actividad por el COVID-19. Pero, desgraciadamente, no ha sido así.
El número de rebrotes y contagios no ha dejado de crecer en agosto y continúa imparable en septiembre, y con ellos, las restricciones a la actividad. Se ha cerrado el ocio nocturno, se ha establecido un “toque de queda” para la hostelería, se han recortado los aforos en eventos,… y lo que es más grave aún, todo apunta a que se ampliarán las restricciones a otras actividades. Ahora mismo, son muchísimos los autónomos que están en la cuerda floja y otros tantos que ni siquiera han podido reactivar su actividad. La situación se agrava por días desde el punto de vista sanitario, pero también económico y no se reacciona para evitar males mayores en términos de empleo y actividad económica.
Entendemos que las medidas sanitarias para combatir el virus son necesarias, pero al contrario de lo que se produjo en marzo, cuando se decretó el estado de alarma acompañando éste de un paquete de medidas económicas, ahora se anuncian sin tregua nuevas restricciones y el cierre forzoso de actividades sin acompañar éstas de medidas económicas que vengan a contrarrestar los efectos de las mismas, dejando otra vez en el olvido al tejido empresarial mayoritario de nuestro país, los autónomos.
Si se toman decisiones que impiden o limitan la actividad económica, lo lógico es tomar medidas para compensar y procurar un menor impacto en la actividad económica y el empleo. Lo coherente sería suspender la cotización a la Seguridad Social, desde el mismo momento del anuncio.
Se hace urgente y necesario recuperar la prestación extraordinaria, pues de nuevo estamos ante un escenario extraordinario y de fuerza mayor. Se debe dar seguridad a autónomos y empresas sobre la duración de las ayudas y los ERTE que sin duda deberían extenderse hasta abril de 2021 para generar certidumbre en el tejido empresarial y en los propios trabajadores. Ya no hay excusa con los más de 21 mil millones del SURE que recibirá España para ambos conceptos. También se debería bonificar al 100% la cuota de autónomos a aquellos que se den de baja por COVID o se les imponga cuarentena por contacto familiar o duda de contagio.
En definitiva, es necesario ya un plan de emergencia que evite una nueva destrucción de empresas, autónomos y empleo este otoño. Sea cual sea la denominación o quien tome las decisiones, estamos ante una emergencia económica y necesitamos de medidas extraordinarias que respondan a la misma.
Rafael Amor Acedo
Presidente ATA Andalucía
