El impacto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo está generando consecuencias muy graves en el empleo y en nuestro tejido productivo. En Andalucía, derivada de nuestra estructura económica, se proyectan caídas en torno al 15% del Producto Interior Bruto (PIB), dos puntos por encima de la referencia estatal estatal, y una tasa de paro cercana al 30%. A pesar de las medidas de protección social y del empleo desplegadas por el Gobierno de España, el desempleo alcanzó a casi 956.000 personas en nuestra comunidad autónoma. Además, según los datos de pobreza de 2019, el 28% de los hogares andaluces tiene ingresos por debajo del Umbral de Pobreza (6.997 euros/año) y, en el caso de unidades familiares con una sola progenitora o progenitor, el porcentaje sube al 56%, 10 puntos más que en 2016.
La rotundidad de estas cifras anticipa un recrudecimiento de la crisis social que exigirá de medidas de compensación para las personas que pueden quedarse sin empleo y sin recursos. En este sentido, desde CCOO creemos imprescindible que se planifiquen y presupuesten los recursos necesarios para poder sostener y proteger a la población y para poder abordar un reciclaje de la economía que sea capaz de incluir a todas las personas.
El pasado mes de mayo, el Gobierno Central aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una nueva prestación económica no contributiva, integrada en el Sistema de Seguridad Social con carácter de derecho subjetivo, para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas o unidades de convivencia cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes. Se trata de una prestación que, en parte, se solapa con los Sistemas de Rentas Mínimas de las Comunidades Autónomas, en el caso de Andalucía con la Renta Mínima de Inserción Social (RMISA). El IMV es un aporte directo desde el Estado a las familias y algunas comunidades autónomas pueden tener la tentación de dejar que sustituya a sus sistemas de rentas mínimas. Esperamos que esto no ocurra en nuestra tierra.
La puesta en marcha del IMV, como un derecho a una prestación mínima para las personas en situación de pobreza o exclusión, es una oportunidad para que el Gobierno andaluz pueda ampliar los niveles de protección y equiparar los niveles de garantía de rentas a los de otras comunidades autónomas, donde la experiencia ha generado un incremento de la actividad económica ligada a la mejora económica de las familias que, a su vez, ha producido un importante retorno económico para la comunidad autónoma. Por ello, es necesario mantener para 2021 el presupuesto destinado a la RMISA.
La RMISA debe ser una herramienta útil, con una adaptación que permita la coexistencia de las dos prestaciones haciéndolas compatibles y complementarias; estableciendo acuerdos con el Gobierno de España para que las solicitudes y la gestión sean únicas, y evitar que las personas tengan que ir a distintas administraciones a solicitar las prestaciones.
CCOO, que junto a otras organizaciones lideramos la promoción de una Iniciativa Legislativa Parlamentaria (ILP) para que Andalucía tuviera una Renta Básica, origen de la RMISA, no aceptará cambios que no sean negociados con las organizaciones promotoras de la ILP y que no vayan en la línea de reforzar los planes de inserción social y laboral y de ampliar tanto el marco de protección como las coberturas económicas.
Andalucía debe tener, cuanto antes, un auténtico sistema de garantía de rentas por eficacia económica y para alcanzar mayores cotas de justicia social.
Nuria López
Secretaria General de CCOO-A
