En momentos críticos, como el que vivimos, en el que sufrimos la peor pandemia mundial desde hace un siglo, es cuando se nota la fortaleza de una sociedad. Cuando las necesidades crecen, la credibilidad de nuestra economía y la preparación de la clase trabajadora es fundamental para tener capacidad de recuperarnos. Y para garantizar el mantenimiento de nuestro estado del bienestar, tenemos que potenciar la estructura de los servicios públicos. La lucha contra la pandemia es lo más urgente que tenemos que afrontar y, en breve, esperamos alcanzar un acuerdo con la Junta de Andalucía en cuestiones de aumento de personal y condiciones de empleo, sobre todo en sanidad, educación y dependencia.
En paralelo, tomar medidas para la reactivación económica, para lo que se requiere coordinación entre las administraciones públicas y un pacto con los agentes sociales que UGT ha firmado en Andalucía, y también a nivel Confederal. Los sistemas de protección pública en materia de desempleo, como el paro, las bajas laborales, o las prestaciones no contributivas, se han desbordado, al igual que las nuevas como el Ingreso Mínimo Vital, o las prestaciones por ERTE. En nuestra Comunidad es imprescindible y urgente el desbloqueo burocrático de la Renta Mínima de Inserción, porque hay 300 mil hogares andaluces sin ingresos.
En este difícil contexto, aunque parezca anacrónico, no podemos olvidar la defensa de nuestras pensiones. Después de muchos toques de atención desde UGT, el Pacto de Toledo ha retomado su actividad, y estamos haciendo propuestas actualizadas a la Comisión del Pacto y al Gobierno. Los dos objetivos más inmediatos son acabar con el déficit de la Seguridad Social y conseguir que las pensiones se incrementen cada año conforme suba el Índice de Precios al Consumo. La subida solo del 0,25% supone una pérdida de cien mil millones de euros para nuestros pensionistas, si hacemos una proyección para los próximos años.
La fuerza de nuestro sistema público de pensiones se basa en el consenso parlamentario, y en el diálogo social, por lo que es necesario que los grupos políticos trabajen con responsabilidad, y que el Gobierno tenga en cuenta nuestras propuestas, que aportan soluciones para garantizar la viabilidad de nuestro sistema de pensiones.
El problema del sistema de pensiones no es de gasto, sino de ingresos.
No podemos dejarnos llevar por opiniones, muchas veces interesadas, que ponen en duda la viabilidad del sistema. Informes muy fiables como el de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, o las proyecciones de la Seguridad Social, dejan claro que el sistema es sostenible y no está, ni mucho menos, ante una próxima quiebra, por la llegada del grupo de edad del baby boom a la edad de jubilación.
El nivel de gasto que se alcanzaría en las próximas décadas se situaría en torno al 13% del PIB, en la media de la UE, y con 11 países por delante, por lo que este nivel es moderado y financiable.
Es necesario erradicar el déficit de la Seguridad Social, que tiene su origen en los recortes de la pasada crisis y porque, sin corresponderle, está soportando gastos que no le corresponden, por ejemplo, el coste de su plantilla. El Estado debe asumir esos gastos y, si es necesario, incrementar los impuestos a las rentas más altas, por ejemplo con la reducción del sistema de deducciones.
Pedimos que se debata en el marco del Diálogo Social una redistribución de las cotizaciones sociales que permita pasar una parte de las de protección por desempleo (que financian además prestaciones asistenciales, subsidios y Políticas Activas de Empleo), a las contingencias generales, básicamente, las pensiones. Las cotizaciones deben ser solo para las prestaciones contributivas.
Volvemos a exigir la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, porque condena a los trabajadores que han cotizado toda su vida a reducir su nivel de vida y a la pobreza si llega a aplicarse el factor de sostenibilidad, aplazado hasta 2023.
Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A
