Vaya por delante que esta historia es totalmente cierta… y por increíble que parezca la han sufrido exactamente igual varias personas que conozco.

En el mes de abril un autónomo solicitó la ayuda de 300 euros prometida por la Junta de Andalucía para paliar los efectos económicos sufridos por tantos y tantos autónomos debido al confinamiento y cierre de actividades.

En el mes de julio la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social deniega la solicitud alegando que el solicitante tenía deudas con Hacienda de la Junta de Andalucía, sin concretar en absoluto de qué deudas se trataba. El interesado presenta un recurso de reposición y aporta el justificante de estar al corriente en sus obligaciones con la hacienda autonómica, además de hacer otras alegaciones (indefensión al no indicar de qué deudas se trataba, incumplimiento del deber de probar lo que la Administración alega, etc.).

El autónomo vuelve a recibir otra comunicación de la Administración diciendo que rectificaba su notificación anterior, indicando que no es que tenga deudas con la Hacienda autonómica, sino con la Agencia Tributaria del Estado.

Se vuelve a presentar otro recurso de reposición y se acompaña de un certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria, volviendo a reiterar las alegaciones anteriores.

El tiempo va pasando y en el mes de octubre el autónomo recibe un requerimiento diciendo que a la vista de su recurso deberá aportar un justificante de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en fecha anterior a la resolución denegatoria, así como otro de fecha actual.

Se vuelven a presentar ambos certificados, en los que consta que el interesado estaba al corriente con la Hacienda del Estado y no tenía ninguna deuda pendiente ni en la fecha indicada ni en la actualidad.

El tiempo sigue pasando y finalmente en el mes de noviembre (¡por fin!) el autónomo recibe la resolución por la que se le concede la ayuda. Siete meses después y varios recursos después… ¡y todo esto para una pequeña ayuda de 300 euros que todavía no ha cobrado!

La historia es delirante. ¡Qué derroche de tiempo y recursos! ¿No podía haber comprobado estos datos directamente la Administración desde el principio? ¿No se supone que la Administración debe trabajar para el ciudadano? ¿O es que jugamos a ver quién se cansa primero? Porque con este mareo de notificaciones siempre hay quien desiste y lo deja pasar… ¡y eso que se ahorra la Administración! Porque resulta curioso que las mismas notificaciones, y con un texto calcado, han llegado a varios autónomos en fechas muy parecidas. ¡No puede ser casualidad!

Los políticos (de todos los colores) crean expectativas en los ciudadanos que después no se cumplen con la facilidad que anuncian. Otro ejemplo lo tenemos con el Ingreso Mínimo Vital, que se anunció por la Administración del Estado con grandilocuencia y que ahora muchos solicitantes están viendo denegado su derecho por motivos exclusivamente formales (no rellenar bien la solicitud, no acompañar algún documento, etc.). Otra vez la misma historia…

¿Nos estamos volviendo poco exigentes con nuestros gobernantes? Una cosa es cierta… es muy triste pensar que solo a base de persistencia o “cabezonería” uno consigue defender y reclamar sus derechos.

 

Mercedes SampedroMercedes1 WEB

Abogada y Asesora Fiscal

LinkedIn: Mercedessampedrocristobal

 

Artículo incluido en la edición de diciembre de Agenda de la Empresa