Gabriel M. Pérez Alcalá 
Profesor de Política Económica
Universidad Loyola Andalucía
El año 2020 estará marcado en los libros como un año histórico. La pandemia del COVID-19, con sus más de ochenta millones de personas infectadas y sus casi dos millones de fallecidos, además de sus consecuencias económicas, políticas y sociales, es un hecho lo suficientemente relevante como marcar un antes y un después, y convertir el año en una fecha relevante para ser recordada y estudiada.
El año empezó, desde una perspectiva económica, en la misma tendencia de bajo crecimiento con el que se despedía 2019. Sin embargo, el brote de la pandemia a finales de febrero y el confinamiento decretado a mediados de marzo determinó una paralización prácticamente total de la actividad económica. Una paralización que ya produjo una contracción del -5,3% del PIB en el primer trimestre (cuando el confinamiento solo afectó realmente a tres semanas) y del -17,9% en el segundo, para recuperarse en el tercero con el proceso de desescalada en un 16,4% y, según las previsiones, volver a caer un -2% en el cuarto. El año 2020 se puede cerrar con un retroceso del PIB del -11,5-12%, lo que nos hace volver a la renta per cápita de 2016. La pandemia se va a llevar, como poco, lo avanzado en tres años de crecimiento económico.
Pero debajo de estas frías cifras de PIB están cinco problemas que la pandemia ha causado o ha acentuado en la economía española. Cinco problemas que no se resuelven con una vuelta al crecimiento: pérdida de tejido empresarial, alta tasa de paro, déficit público, deuda pública y, finalmente, aumento de la desigualdad. Los problemas del sistema financiero, por esta vez, son muy menores, a pesar de su gravedad, en comparación con la situación de las constantes económicas vitales.
En 2020 se van a perder más de 100.000 empresas, lo que supone un 2,8-3% del total de 3,3 millones que teníamos a principios de 2019, a las que habrá que sumar las que culminará su cierre en 2021. En total, serán unas 150-180.000 empresas, lo que supondrá alrededor del 5% del tejido empresarial. Por otra parte, unas 200-250.000 están enfrentando dificultades graves que lastrarán su actividad en los próximos años. Más del 12% de las empresas, de todos los tamaños y en casi todos los sectores, están en peligro por la crisis, y las demás se enfrentarán a una demanda más débil por unos años. Hay sectores enteros (hostelería, comercio, pequeñas industrias, servicios especializados, etc.) que verán disminuir sus empresas en más de un 20%.
Debilidad de la demanda y menor tejido empresarial implican menor número de puestos de trabajo. La economía española perderá este año entre 1,5 y 1,7 millones de puestos de trabajo, con lo que el número de parados reales estará entre los 4,8 y los 5 millones, o lo que es lo mismo, llegará a tener una tasa de paro en el entorno del 20-21%. Una cifra maquillada oficialmente por los ERTE que aflorará en gran medida a lo largo de 2021.
Menos actividad económica y más paro conllevan, necesariamente, más déficit público por una menor recaudación y más gasto. Puesto que la economía española partía de un déficit estructural de 38.000 millones, con una caída de recaudación de 30-35.000 millones, unas ayudas directas a las empresas de unos 30.000 millones y un exceso de prestaciones por desempleo de 25.000 millones, el déficit público será de unos 140.000 millones. Como es lógico, más déficit implica más deuda pública que alcanzará el 120% del PIB.
Y, en el fondo de todo, más desigualdad en nuestra economía porque el paro se ceba más en las capas más pobres y las ayudas sociales se han diseñado tan mal que cronifican la desigualdad.
Con este panorama es claro que el año 2020 será un año para la historia. Aunque no sea un año para recordar.
