Los intermediarios tributarios, y en algunos casos los propios contribuyentes, deberán informar de las operaciones transfronterizas que pudieran ser consideradas planificaciones fiscales abusivas.
La norma, que completa la transposición de una directiva comunitaria, busca obtener información para poner freno a la evasión y la elusión fiscales, así como disuadir de la creación de instrumentos cuyo objetivo sea reducir la factura con Hacienda.
