Nuria López Nuria López WEB opinion

Secretaria General de CCOO-A

@nurialomar

 

CCOO-A ha realizado recientemente un informe sobre la Situación socio laboral de las personas trabajadoras extranjeras en Andalucía. Este informe revela que estamos, mayoritariamente, ante una población en edad de trabajar, que ha mejorado su nivel formativo, sobre todo entre las mujeres, y que procede, principalmente, de Europa y África. De hecho, los permisos de residencia reflejan que más del 65% son de los países de la Unión Europea. La población extranjera ha contribuido desde 2018 al crecimiento de la población total de Andalucía, lo que ha permitido recuperar el peso demográfico. Actualmente, la población extranjera más abundante en Andalucía es la de origen marroquí, con una aportación al total del 1,8%, seguida de la del Reino Unido con un 1%.

Las entradas de forma irregular en 2019 no llegaron ni al 5% del total de entradas regulares, que fueron principalmente de la Unión Europea y, en segundo lugar, de América Latina (Venezuela, Nicaragua), siendo el balance migratorio positivo en algo más de 52.000 personas. Estos datos desmontan completamente los argumentos xenófobos esgrimidos por algunos partidos políticos que hablan de invasión procedente de África desde las tribunas parlamentarias y las instituciones, cuando las migraciones son procesos dinámicos de entrada y salida de personas que varían en función de circunstancias sociales, políticas, económicas o climáticas.

El mercado laboral de Andalucía padece niveles de pobreza laboral alarmantes y, como este informe constata, la precariedad y temporalidad se agrava más aún entre la población extranjera. Concretamente, más de la mitad de la población asalariada extranjera (50,4%) tiene un empleo temporal, lo que supone 20 puntos porcentuales más que la población de nacionalidad española. En el otro extremo, hallamos un exiguo 4,5% de contratos indefinidos firmados, lo que indica una gran inestabilidad laboral, que se agrava por las situaciones de irregularidad, que hacen a estas personas muy vulnerables. Sin embargo, no podemos olvidar que durante la pandemia su trabajo ha sido esencial en agricultura, en limpieza o en la atención a las personas.

Las trabajadoras y trabajadores extranjeros padecen una tasa de paro que está en el 29%, ocho puntos más que la población de nacionalidad española y, aunque hay importantes diferencias, son las mujeres, con una tasa del 35,8%, las que más lo sufren por la segmentación de las actividades en el sector servicios como son el empleo doméstico, la hostelería o el comercio, entre otros.

El informe arroja unas cifras referidas a niveles salariales que, además de ser una muestra inequívoca de pobreza laboral, discriminación e injusticia, ilustra claramente la realidad a la que se enfrenta la población extranjera en Andalucía, que percibe de media un salario de 9.946 euros, que es el 58% del salario de una persona de nacionalidad española y supone una brecha salarial del 42%.

La realidad social y laboral de las trabajadoras y trabajadores extranjeros es precaria, inestable y con altos niveles de pobreza. Los gobiernos deben atender a estas personas de forma prioritaria, contando con la responsabilidad de los empresarios y con la participación de los sindicatos. Debe ser un objetivo común mejorar su situación en el empleo, su protección social y esforzarse en perseguir y erradicar el abuso, el fraude en la contratación y la explotación laboral y, además, es preciso poner en marcha las vías de regularización de las personas que viven en situación irregular. Es imprescindible para transitar hacia una sociedad más inclusiva, con más equidad y más justicia social.

 

Artículo incluido en la edición de abril de Agenda de la Empresa