Francisco J. Bocero 
Periodista y Dircom de Refractaris
No cabe duda de que la “sostenibilidad” se ha convertido en el valor reputacional de mayor incidencia en los últimos tiempos. Tanto es así, que el auge de la inversión sostenible, también llamada responsable, que ya llevaba cuatro o cinco años en el epicentro de la atención y la actuación de mercados y empresariales, ha dado un salto extraordinario a raíz de la misma pandemia.
Es fácilmente interpretable. Si gracias a las transformaciones de las sociedades respecto al medioambiente y el cambio climático se estaba avanzando a muy buen ritmo, la necesidad de sumar las cuestiones sociales, de salud y sanitarias en especial, ha sido determinante.
Así, se está asumiendo con rapidez inusitada que el cambio sostenible es tan importante como el cambio digital y el reto para la evolución social es de similar magnitud. La gran hoja de ruta, como todos sabemos, son los ODS y la Agenda 2030, cuya implantación debería ser mayor -a mucha más velocidad- pero cuya influencia se va dejando notar más de lo que parece. Pero también hay otros parámetros importantes y reconocidos que ayudan a que la sostenibilidad sea reconocible. Por ejemplo, los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno) con los que se trata de dirigir las estrategias y modelos de negocio de las empresas para obtener, además de la debida rentabilidad, un impacto social y medioambiental duradero.
Sin embargo, el camino todavía es largo a pesar de todo y así lo ha puesto de manifiesto un estudio realizado por la agencia de rating Scope, a través de un panel de 2.000 grandes empresas.
A escala global, las compañías cumplen con la información sobre estos criterios, pero primando las medidas sobre la gobernanza y limitando las relativas a los indicadores sociales y ambientales y, hecho curioso, las compañías más transparentes no informan de más de la mitad de las variables esenciales de los criterios ASG, buena parte de ellas, estas últimas que tienen que ver con la sostenibilidad.
En este sentido, las empresas españolas se encuentran en la décima posición del ranking mundial, en el que destacan los bloques y su transparencia a la hora de abordar los criterios. Como es de imaginar, las compañías occidentales son más transparentes que las asiáticas.
De hecho, las que informan en mayor porcentaje de los criterios ASG -porque de las encuestadas apenas lo hace la mitad- corresponden a Reino Unido, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Irlanda, Dinamarca y España. Según Scope, en Norteamérica, las empresas de Canadá y Estados Unidos son relativamente transparentes, mientras que en Asia, Tailandia y Corea del Sur es de donde operan las empresas más transparentes. No hace falta señalar cual es la gran potencia con los menores estándares ASG. Pero esa es otra cuestión.
Lo nuclear es que una cosa es la sostenibilidad como eje reputacional -y por tanto de acciones, actividades y hechos comprobables que demuestran y representan el carácter sostenible- y otra distinta la “presunción” de sostenibilidad por una mera estrategia de “adaptación a los tiempos” que, más que nunca, como decíamos al principio, han conectado las necesidades sociales con las medioambientales.
El Pacto Verde Europeo, el gran “paraguas” donde se aloja la apuesta de la UE por la transición energética y la descarbonización y donde se sitúa una de las dos grandes claves del plan de recuperación de la economía española, es pieza clave en el camino a la sostenibilidad, eje a su vez de los ODS. Un valor reputacional indispensable para cualquier empresa, independientemente de su tamaño.
