España ha sido el país europeo que en estas tres últimas décadas ha experimentando una mayor descentralización política y administrativa, asumiendo gran parte de las reivindicaciones de autogobierno planteadas por las denominadas nacionalidades históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia). Este proceso de descentralización, denominado "Estado Autonómico", no estaba diseñado, ni tampoco cuando se pone en marcha el proceso Constituyente había una visión clara de cómo articular territorialmente el Estado español. Las Cortes Constituyentes elegidas en junio de 1977 no abordaron de forma frontal este problema y, en consecuencia, tampoco pudo pronunciarse sobre él el pueblo español en el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978.

La estructura del Estado no se resolvió en la Constitución, y, por tanto, arrastra un déficit de legitimidad de origen. Por eso la construcción del Estado ha sido, y sigue siendo, el producto de las mayorías parlamentarias existentes en cada momento, de los subsiguientes pactos políticos y de las sentencias del Tribunal Constitucional. Esta situación no puede continuar indefinidamente. Un Estado para poder operar de manera estable y con legitimidad indiscutible e indiscutida necesita una estructura constitucionalizada. Pero esa falta de legitimidad de origen constituyente sólo puede corregirse realizando una reforma constitucional: modificando el Titulo VIII, que aborda la cuestión territorial y el Capítulo III, que trata sobre el Senado.

El sistema de financiación es la clave del arco del Estado Autonómico o el Sodoku autonómico como lo definió el anterior vicepresidente económico, Pedro Solbes. Es la forma que tiene la Administración Central y los gobiernos autonómicos de valorar cuánto dinero necesitan las Comunidades Autónomas para ejercer sus competencias (sanidad, educación, etc) y con qué recursos las financian. La revisión del modelo de financiación autonómica, aprobado para el próximo cuatrienio 2009-2012 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (formado por la Ministra de Economía y los 15 consejeros de las 15 comunidades de régimen común. El País Vasco y Navarra están acogido a los conciertos forales), a mediados de julio, pone fin al actual modelo aprobado en el 2000, e inspirado en el denominado modelo Zaplana, en referencia a las propuestas del anterior presidente de la Generalitat Valenciana. El talón de Aquiles del anterior modelo era la falta de un mecanismo de revisión automática del reparto de fondos entre las comunidades  autónomas en virtud del aumento de población destinataria de los servicios públicos.

El nuevo modelo de financiación autonómica sera aprobado por el Congreso de los Diputados en el otoño, introduciendo dichos cambios en la Ley de Financiación Autonómica (LOFCA). La votación reflejará las torturadas entre los intereses territoriales, los objetivos de los partidos dentro de los ámbitos autonómicos y las estrategias globales de las formaciones con implantación estatal.

La reforma del actual sistema de financiación viene condicionada por tres razones: ampliar los recursos de las comunidades, ya que el modelo recoge el sobrecoste por el intenso aumento demográfico experimentado desde el 2000: la población ha crecido en más de siete millones; también se pretende reducir las disparidades de recursos por habitantes que hay entre comunidades ( casi un 40 % de diferencia entre las que más recibe y la que menos); y por último había que atender lo aprobado en las últimas reformas de estatutos de autonomías, en espacial el catalán, que marcó la pauta en la discusión.

Los cambios introducidos por el nuevo sistema son la igualación y nivelación de la cuantía per cápita asignada a las prestaciones de educación, sanidad y servicios sociales en todo el territorio nacional. El modelo destina a las a las comunidades autónomas el 50 % del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales (hidrocarburos y alcoholes). Se crean tres fondos que completan la financiación: a) Fondo de Garantía de Servicio Públicos Fundamentales que asegura a todas las comunidades la misma financiación para prestar los servicios de sanidad, educación y servicios sociales; b) Fondo de Suficiencia Global  que sirve para financiar el resto de las competencias que no están incluidas en el anterior fondo y asegura el mantenimiento del statu quo de todas las comunidades, con lo que ninguna perderá dinero. Este fondo se alimenta integramente por las aportaciones del Estado y beneficia a las comunidades a las que no les alcance con las cesta de impuestos transferidos; c) Fondo de Convergencia en sus dos modalidades: Cooperación que sirve para facilitar la convergencia de las comunidades con menos PIB per cápita y/o de aquellas cuya población no haya crecido y el de Competitividad que se destina para las comunidades que pasen a tener más capacidad fiscal y tenga una financiación per cápita inferior a la media. Con independencia de lo anterior el Gobierno inyectará  11000 millones adicionales que pagará progresivamente hasta el año 2012. Las dos regiones más beneficiadas por este dinero son Cataluña y Andalucía que les corresponde 3500 y 1800 millones de euros respectivamente, lo que supones más del 50 %.

Así las cosas y en una primera aproximación puede afirmarse que, a espera de conocer las cifras definitivas, el modelo aprobado cumple con los principios básicos predicables de un sistema de federalismo fiscal. En primer lugar incentiva la corresponsabilidad fiscal al hacer depender buena parte del modelo de los recursos tributarios de cada comunidad, que no son otros que los tributos cedidos (IRPF, IVA e Impuestos especiales). En segundo lugar, garantiza la suficiencia financiera de los territorios, de forma muy acusada cuando se trata de los servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales). Dicha suficiencia se predica además, en términos dinámicos, con lo que en principio no sería necesario la reforma del sistema en el futuro. Por último, contiene instrumentos de solidaridad y convergencia entre las diferentes comunidades, a través de los fondos de competitividad y cooperación. Este sistema premia a las comunidades que tengan más capacidad fiscal fruto de su dinamismo, puesto que se pondrán quedar con uno de cada cuatro euro recaudado.

Algunos constitucionalistas han puesto de manifiesto que el nuevo sistema de financiación rompe con el principio de solidaridad, cooperación e igualdad que marca la Constitución y se reemplaza por el paradigma de las relaciones de fuerzas o hegemonía entre territorio. Este es un problema que viene detectándose desde hace tiempo, en paralelo a la progresiva pérdida de sentido del valor solidaridad, y que se concreta en un fenómeno de revuelta fiscal de las zonas ricas del norte desarrollado: en la vecina Italia el proceso se desencadena desde la década de los noventa a través de la Liga Norte, que defiende el rechazo del norte desarrollado a seguir financiando vía fiscal a las zonas más desfavorecidas del sur.  Esperemos que esta vez el Sodoku autonómico beneficie por igual al conjunto de los ciudadanos y consiga una mejor articulación de las nacionalidades y regiones que conforma el Estado español.