El 1 de enero de 2006 se celebró un aniversario de gran trascendencia para España y Andalucía: 20 años del ingreso de España en la Unión Europea (UE). 20 años en los que han pasado muchas cosas en España y en Europa, y también en la propia concepción de la Unión. La UE, 20 años después, ya no es una Europa a doce, sino una Europa a 25, casi a 27, y se discute efusivamente la incorporación de Turquía y otros países.

20 años es un periodo suficientemente amplio para ofrecer un balance. La historia no se detiene, y por ello, queremos recordar lo que han supuesto estos 20 años y mantener vivo el debate sobre los retos a los que se enfrenta España y Europa y las soluciones que pueda proporcionar la Unión Europea.

Las relaciones de España con la Comunidad Económica Europea (CEE) tiene su inicio en la carta del ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, dirigió el 9 de febrero de 1962, al presidente del Consejo de Ministros comunitario, Michel Couve de Mourville, para pedirle la apertura de negociaciones para integrar a España en este organismo europeo, que había nacido en 1957 con la firma del Tratado de Roma.

Los impedimentos institucionales (necesidad de un sistema democrático para aspirar a ser miembro de pleno derecho de la CEE) dejaba entonces reducidas las pretensiones españolas al plano de simple acuerdo comercial.

Dos años después, cuando en junio de 1964, España ingresa en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y recuerda su petición a la Comunidad, el Consejo de Ministro de la CEE da luz verde al inicio de las conversaciones que comenzaron formalmente el 9 de diciembre de ese año.

En 1965, el embajador de España ante la Comunidad, Alberto Ullastres, presenta un memorandún con las razones que argumenta la solicitud española. El 11 de julio, el Consejo de Ministro de la CEE, decide proseguir las negociaciones para la integración de España.

En 1970, Gregorio López Bravo, ministro de Asuntos Exteriores, alcanza un acuerdo comercial preferencial entre España y la CEE. El acuerdo establecía dos etapas. La primera, de seis años de duración, determinaba un calendario de rebajas arancelarias y de reducción de contingentes. Su término estaba fijado para el 1 de enero de 1977.

El acuerdo en el plano industrial favorecía el desarrollo de nuestro comercio exterior. Las exportaciones españolas a los seis países de la CEE, que en 1969 representaba un 34% del total, pasaron a convertirse en un 40% en 1973. Las cuestiones agrícolas y pesqueras se convirtieron en un verdadero problema, debido al boicot por parte de los agricultores franceses a los productos agrícolas españoles.

La entrada, en 1973, de tres nuevos miembros en la CEE (Dinamarca, Reino Unido e Irlanda) complicaron enormemente la aplicación del acuerdo preferencial entre España y la CEE.

Después de largas conversaciones se intenta lograr un nuevo acuerdo preferencial que favoreciera el comercio de los productos agrícolas españoles en la CEE. El 9 de octubre de 1975, a raíz de las ejecuciones de septiembre en España, se bloquean las negociaciones. El 12 de noviembre de 1976 se produce el relevo de Alberto Ullastres por el nuevo embajador, Raimundo Bassols.

La restauración de la Monarquía supuso la reanudación de las conversaciones para la integración de España a la CEE, protagonizadas por el nuevo jefe de la Diplomacia española, José María de Areilza.

El 28 de julio de 1977, el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, presenta la demanda oficial de adhesión a la CEE, al mes siguiente de celebrarse las primeras elecciones generales y el 20 de septiembre el Consejo de Ministros comunitario se pronuncia favorablemente sobre la petición y encarga a la Comisión Europea la elaboración de un dictamen.

El 29 de noviembre de 1978, la Comisión Europea aprueba y tramita al Consejo de Ministros el dictamen sobre la candidatura española, y el 19 de diciembre el Consejo de Ministro de la CEE decide la apertura de negociaciones con España. En consecuencia, el 5 de febrero de 1979 se celebra en Bruselas la sesión de apertura oficial de las negociaciones para la adhesión. Salvando los principios políticos, se inicia una dura etapa de negociaciones en la que la consecución del equilibrio entre ventajas y concesiones está lleno de sobresaltos y amenazas de retrasos (los temas agrícolas, pesqueros y asuntos sociales son los puntos más conflictivos de las negociaciones). La historia de las negociaciones con la CEE tiene un entramado político cuyos límites, sin embargo, están marcados por los intereses económicos en juego.

El 12 de junio de 1985 se firma definitivamente el Tratado de Adhesión a la CEE en Madrid y Lisboa. La Europa comunitaria traslada sus fronteras de los Pirineos al Estrecho de Gibraltar. Atrás quedan 23 años de contactos y 8 duros años de negociaciones. El 1 de enero de 1986 España es miembro de pleno derecho de la CEE.

La economía española ante de su integración en la CEE padecía problemas estructurales graves: elevado déficit público, rigidez del mercado de trabajo, inadecuada reindustrialización, intervencionismo financiero, etc. Estas amenazas se complementaban con una coyuntura económica poco favorable: altas tasas de inflación, estancamiento de las exportaciones, del consumo interno y de la inversión privada, etc. Por consiguiente la economía española ha tenido que hacer un gran esfuerzo de adaptación para integrarse en la CEE.

Desde el punto de vista empresarial, el objetivo último que se perseguía con la adaptación de nuestra economía a la CEE era permitir que las empresas españolas puedan competir en igualdad de condiciones con las empresas comunitarias, o, lo que es lo mismo, que nuestras empresas puedan responder al fuerte esfuerzo competitivo al que se verán sometidas. Esta adaptación exigía, ante todo, terminar con la excesiva rigidez que mostraba nuestro mercado de trabajo en 1985. La incorporación de España a la CEE supuso la definitiva modernización de nuestro sistema económico para responder a los retos que se le planteaban a la economía española, y, por ende, a la sociedad. Esa modernización era indispensable para conseguir un proceso económico de crecimiento sostenido que permitiera mejorar la calidad de vida y el bienestar de los españoles y favorecer la creación de empleo estable, verdadero talón de Aquiles de la economía española.

España necesitaba cambios estructurales y la entrada en la CEE fue el empujón que los desencadenó. La principal transformación estructural que en el ámbito económico supuso la entrada en la CEE fue el relanzamiento de la apertura exterior; relanzamiento que, aunque en un primer momento pudiera plantear problemas de encaje, es el que nos ha colocado en el mundo y el que ha permitido sobrevivir, tanto a los avatares económicos como a los políticos, ya que nadie pone en duda que nuestra entrada en la CEE fue el principal seguro para nuestra democracia que en 1986 apenas comenzaba.

Cuando se materializó la integración, la economía española estaba lejos del nivel de bienestar y modernidad de sus socios europeos. Hoy está mucho más cerca de ellos, hasta llegar al 90% de la renta media de la Europa de los 15, y alcanza la media si se mide con la Europa de los 25. Los grandes proyectos en marcha en los últimos años se han financiado en buena parte con los fondos europeos, sobre todo, las autovías y las líneas ferroviarias de alta velocidad. En términos generales el balance de la integración de España en la UE ha sido extraordinariamente positivo. La España de hoy, es sin duda, más moderna, más próspera y más solidarias que la que se adhirió a la Comunidad Europea hace 20 años.