El anuncio del proyecto de ley de medidas urgentes por parte del gobierno para el impulso de la televisión digital terrestre, (TDT), ha convulsionado “políticamente” y “económicamente”, dado ambos intereses, nuestro panorama audiovisual. Para empezar el gobierno no ha encontrado el apoyo parlamentario de uno de sus aliados, Convergencia i Unió, cuyo representante Jordi Vilajoana, exdirector general de la Corporación Catalana de RTV, ha entendido la no existencia de consenso con el sector. También Izquierda Unida se ha manifestado en contra por entender que hay demasiada prisa en el proyecto, por lo que el gobierno se ha encontrado con el solo apoyo de su coaligado Ezquerra de Cataluña y la iniciativa tendrá un trámite más largo parlamentario que pasaría el verano. Por el momento, entiéndase el subrayado, al Ministro de Industria Montilla, el problema no preocupa, pues todas las manifestaciones en contra de sectores afines a grupos de comunicación privados supone una defensa de sus cuentas de resultados antes que la libertad de expresión y libre competencia.

Hay en este engorroso tema opiniones para todos los “disgustos”. Los grupos vinculados a Telecinco, Antena 3, Onda Cero, COPE, ABC, Mundo, Recoletos, Vocento, Punto Radio, etc., han considerado que el anuncio del gobierno de abrir posibilidades a nuevos canales analógicos ante el adelanto del apagón analógico y la obligada digitalización al 2010, es una forma de ocultar un beneficio a Canal + para su emisión en abierto y acudir a la tarta publicitaria. Además, el que en el caso de la radio se establezca que un mismo operador sea titular del 50% de concesiones en un mismo ámbito de cobertura con un límite de 5 frecuencias, ha sido interpretado como una forma de legalizar la situación de la fusión de la SER y Antena 3 radio, con sentencia en contra del Tribuna Supremo. De hecho, el Presidente Zapatero declaró a Luís del Olmo “que con esta medida se resolvía un problema que llevaba años pendiente y que nadie había resuelto por las dificultades objetivas de aplicar una sentencia”….

Convendría recordar algunos hechos para intentar sacar opinión de todo este embrollo, que se ha querido unir al nuevo modelo de Televisión Pública que habrá de debatirse con el informe de 229 páginas del “Comité de Sabios”. Hace 15 años, asimismo a un gobierno socialista le tocó la papeleta de abrir el mercado audiovisual al sector privado rompiendo el monopolio de la Televisión Pública. Al amparo de una nueva ley se otorgaron licencias no exentas de grandes polémicas a Antena 3, y Telecinco en abierto y otro de pago con varias horas en abierto a Canal +. Es innegable el papel de estas televisiones en el panorama de la producción, la cinematografía española y por ejemplo el advenimiento de nuevos formatos de producción propia como series dramáticas, mayor pluralidad informativa, etc. Pero también otros fenómenos menos recomendables como realitis show, telebasuras, contraprogramación, saturación publicitaria de lo que no se ha librado tampoco la Televisión Pública. El parque de receptores ha aumentado en más del doble, se han multiplicado los canales como consecuencia de Canal+, Canal Digital y hoy Canal Satélite Digital. El consumo televisivo aunque ha aumentado en los últimos tiempos especialmente en Andalucía, por lógica tiene un techo límite que obliga al reparto de la tarta publicitaria y a la reorientación de las privadas que lo han realizado con restructuraciones de contenidos y de estructura, entre ellas las de personal, y de distinto modo a las públicas que ven la necesidad de redefinirse. De hecho un cambio en TVE aunque tímido en el último año ha provocado aumento de ingresos a las privadas y de su cuota de audiencia, por más que los famosos grandes share en las nuevas situaciones deban pasar a la historia. Y ello sin olvidar las llamadas televisiones de proximidad, las locales, cuyo número se cuenta alrededor de las mil, entre legales, alegales y paralegales.

La Asociación de Anunciantes ve beneficiosa para los ingresos de sus abonados la propuesta gubernamental, y la Federación Nacional de Productores, FAPAE, por la contribución competitiva en el mercado. Su Presidente Pedro Pérez no obstante dada la importancia del asunto ha reclamado “la mayor transparencia e intervención de todos los actores”. Los grupos quejumbrosos se han sentido desplazados del diálogo; el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha anunciado que una Comisión vigilará el salto a la televisión digital terrestre en la que estarán mayoritariamente representados entre otros los sectores sobre todos afines a operadores e instaladores y comerciantes que tendrán un agosto próximo de adaptación de aparatos y ventas de nuevos electrodomésticos.

¿Qué hacer?, acusamos a grupos como A3 y Telecinco de importantes beneficios en el último ejercicio hasta el punto de repartir dividendos a sus directivos para evitar que se les marchen a futuras televisiones?, ¿acaso el grupo Prisa no ha aumentado el 70% de sus ingresos en 2004?. O como ha editorializado el diario de este Grupo, en un lamentable comentario para guardar en hemerotecas, denunciamos que el grupo opositor al proyecto del gobierno es lo más desgranado de la derecha aznarista, que deben favores a quienes nos metieron en la guerra de Irak. Asistimos impasibles a otra guerra de recuerdos tales como el grupo Prisa es el que apoyó a un gobierno que nombró a Roldán, desvió fondos reservados, etc. O por el contrario en un asunto de vital importancia como es el futuro de nuestro audiovisual, aún entendiendo que hay intereses económicos y políticos por las distintas partes, le pedimos al gobierno que debe dialogar con todos, parece lo más sensato, y entre otras cosas para eso, como diría un castizo, les pagamos a los políticos. En este asunto para Zapatero, entiendo, la PRISA no es buena.