Bueno. O eso parece. Realmente lo que tenemos encima de la mesa es la propuesta de la denominada Comisión Lagares, nombre que recibe por el Catedrático de Hacienda Pública, el Prof. Manuel Lagares, y que ha presidido esta Comisión. Aunque se presentó dicho informe a mediados de marzo, ya desde el pasado verano, se habían producido filtraciones de dicho informe y sabíamos por dónde iba a ir dicha propuesta.
Lo primero que podemos sacar del Informe Ejecutivo de dicha propuesta es que todo deberá quedar igual en términos de recaudación. O incluso si se puede recaudar más, mejor. Esta era la máxima que el ministro Montoro exigió a los expertos. Dicho esto, la propuesta descansa en tres pilares: la reducción de la fiscalidad directa -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas-, incremento de la fiscalidad indirecta -IVA, Impuestos Especiales y Medioambientales-, y finalmente una redefinición de los Impuestos Autonómicos. Aparte de esto, se habla de reducción de las Cotizaciones Sociales, pero de forma muy tímida con un descenso en dos puntos de las cuotas sociales.
En principio, la música no suena mal. Pero hay algunos inconvenientes en la propuesta. Primero, hay que ver, de todo el menú que se propone, qué es lo que realmente va a aplicar el Gobierno. Pues entre el paquete de medidas hay algunas muy impopulares como la desaparición paultina de la deducción por compra de vivienda con carácter retroactivo. Y aquí tenemos más de 6 millones de contribuyentes que cuando hagan la declaración de la renta y no se puedan desgravar su hipoteca se van a enfadar. Y todos votan. Por otro lado, desde un punto de vista más técnico, aliviar la imposición directa pudiera facilitar un incremento del consumo, pero si lo vamos a compensar con subida de impuestos indirectos como el IVA en sus tramos más reducidos o vamos a introducir más Impuestos Especiales y/o Medioambientales, la presión fiscal puede ser ya insoportable para garantizar un consumo mínimo.
Y si todo esto fuera poco problemático tenemos un problema político de primera magnitud con la propuesta. Como decía, los expertos plantean una unificación de criterio en la imposición autonómica y no sólo en el tipo de impuestos que existen, donde cada comunidad autónoma hace la guerra por su cuenta, sino que en algunos muy sensibles y recaudatorios como los Impuestos de Sucesiones o Donaciones o los de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, las diferencias de recaudación son realmente importantes, por los tipos aplicados. Y aquí tenemos casus belli. Comunidades autónomas con poca capacidad recaudatoria, por su menor actividad productiva, tienen en estos impuestos, base de su recaudación, cosa que es justamente a la inversa en otras comunidades autónomas con mejores bases imponibles. Vamos, que morirse en Madrid, no es igual que morirse en Andalucía. Al menos para sus herederos.
Pero si realmente todo esto es conflictivo, lo que hecho de menos en la propuesta de la Comisión Lagares, no es tanto la profusión de medidas y retoques fiscales, sino que la gran revolución fiscal que necesita España y que hace necesaria esta revisión en profundidad, no se toca. Y me refiero al replanteamiento general de la política del gasto. Por más que juguemos con los impuestos, y los hagamos más eficientes en su capacidad recaudatoria e incluso más eficientes en su afectación a la productividad de la economía, lo que no tiene sentido es que nadie plantee que lo que hace falta es gastar menos para no tener que recaudar tanto. Eso no se toca. Mala cosa.
Manuel Alejandro Cardenete. Catedrático de Economía. Director del Departamento de Economía Universidad Loyola Andalucía
