El 22 de marzo, con la celebración de las elecciones al Parlamento de Andalucía, se da inicio a un dilatado periplo electoral que concluirá con la celebración de Elecciones Generales hacia finales de año, y que conformará el nuevo escenario político en España y Andalucía y, por tanto, condicionará el desarrollo de la política económica general y sectorial durante los próximos cuatro ejercicios.
Ello acontece tras un largo periodo de enorme dificultad que ha provocado que, en términos equivalentes, nuestra economía haya retrocedido más de diez años; pero, también, en un momento en el que los analistas económicos pronostican -no sin riesgos- un comportamiento más favorable en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. Un comportamiento que pudiera llevar definitivamente a dejar atrás la crisis que lo ha cuestionado todo.
Una oportunidad de recuperación que, además, confluye en el tiempo con un nuevo ciclo político en nuestras instituciones comunitarias, y con un nuevo marco plurianual para el desarrollo de actuaciones, donde se han fijado unos objetivos ciertamente ambiciosos para el horizonte temporal de 2020.
Sin perjuicio de ello, los daños en nuestra sociedad y en nuestra economía han sido muy serios. La crisis se ha llevado por delante más del 10% de nuestro tejido empresarial y cerca del 20% del empleo regional y Andalucía ha retrocedido en convergencia respecto a las demás regiones comunitarias, por lo que ahora afrontamos unos retos ineludibles para volver a situarnos en condiciones de recuperar un sitio privilegiado entre las economías modernas y desarrolladas.
Estos desafíos se evidencian claramente en la magnitud que ha llegado a alcanzar el desempleo en nuestro país y, más concretamente, en Andalucía, donde actualmente cerca de un millón y medio de personas -una de cada tres- no puede acceder a un empleo, con especial incidencia entre la población más joven y entre los colectivos con mayores riesgos de exclusión, con enormes consecuencias sobre la igualdad social y territorial.
Los retos son importantes y por ello es fundamental que en Andalucía pongamos sobre la mesa propuestas estratégicas bien definidas, incluyentes y que se desplieguen mediante tácticas eficientes, cuya condición previa es la eficacia. Unas estrategias y unas tácticas que, en materia de política económica, ineludiblemente deben tener como referente principal a los sectores privados y a las empresas pues las iniciativas empresariales son los vectores para poder transformar la actividad económica que se desarrolla en un territorio en más riqueza, en más empleo y en mayor bienestar y progreso social.
La sociedad en general y las fuerzas políticas en particular deben ser conscientes de que poder dar la vuelta a la situación crítica que atraviesa nuestro mercado de trabajo, y que se vive en muchos de nuestros hogares, solo será posible mediante la reactivación de la actividad productiva y el adecuado estímulo al desarrollo de las iniciativas empresariales, siendo responsabilidad de los poderes públicos promover las condiciones favorables para el progreso social y económico.
Esta responsabilidad afecta a la mejora, racionalización y simplificación del marco normativo, a una mayor eficiencia en la gestión administrativa, o a la garantía de la libre competencia y la libertad de empresa, pero también, debe tener adecuado reflejo en las políticas públicas, estatales y autonómicas, de fomento e impulso de la economía, de los sectores productivos, del emprendimiento y del empleo.
Solo con la participación de la iniciativa privada y la empresa se podrá crear empleo en las dimensiones que actualmente requiere nuestro mercado laboral. Pero, para ello es imprescindible que las actividades productivas puedan desarrollarse en las condiciones (entorno socioeconómico y marco institucional) más favorables posibles, algo que no será posible sin contar con la sensibilidad y el apoyo de nuestras instituciones públicas.
En esta línea de trabajo, la Confederación de Empresarios de Andalucía insiste en la importancia de actuar desde las administraciones públicas con un múltiple objetivo que pasa por cuatro palabras clave: atractivo, competitividad, igualdad y cohesión. Atractivo para generar confianza en nuestras posibilidades, dentro y fuera de nuestras fronteras. Competitividad para impulsar la actividad productiva y el emprendimiento de nuevas iniciativas. Igualdad para luchar contra el desempleo y la exclusión y cohesión para reducir los desequilibrios internos.
En el logro de estos objetivos, el desarrollo empresarial de los territorios actúa como instrumento básico y fundamental, por lo que la estrategia en política económica pasa por crear más y mejores empresas y hacer más competitivas a las empresas existentes.
Por ello, como fundamentos o referentes principales de las políticas públicas de creación de empleo y riqueza en la comunidad autónoma deberán estar aquellas actuaciones tendentes a crear empresas y favorecer su crecimiento. Un conjunto de actuaciones que debería ser estratégico para Andalucía y, por consiguiente, atender a un plan integral, coordinado y bien definido, que posibilite los mayores logros posibles en desarrollo empresarial.
Un desarrollo empresarial que debería plasmarse, principalmente, en ganancias de competitividad que posibilitasen incrementar el peso relativo de las medianas y las grandes empresas dentro del tejido empresarial andaluz, así como en incrementos progresivos de la densidad empresarial en Andalucía, hasta situarla, al menos, a la par de la media nacional.
Una apuesta estratégica a futuro (más y mejores empresas) que descansa, por un lado, en el convencimiento de que, en una economía de libre mercado, apoyar a la empresa es la mejor -si no, única- alternativa para transformar la actividad económica en riqueza, empleo y progreso social, y, por otro, en los beneficios que a la sociedad aporta la libre concurrencia de las empresas en los mercados. Pero siempre siendo conscientes de que, si a la iniciativa privada corresponde asumir riesgos para crear riqueza y empleo, es responsabilidad de las instituciones y las administraciones públicas generar el entorno más adecuado para ello.
Javier González de Lara
Presidente de la CEA
