Los buenos resultados turísticos logrados en estos primeros meses del año y en la Semana Santa han suscitado un generalizado estado de confianza y optimismo en las empresas y administraciones con vistas a la próxima temporada estival turística de 2015.
Prolongar y consolidar esta favorable tendencia debe ser un objetivo de todos, dado que está condicionada por factores externos e internos, que conviene tener en consideración.
Entre esos factores ocupa un lugar preponderante la colaboración y la unidad de acción entre lo público y lo privado. Esa colaboración tiene que servir para despejar el camino de obstáculos administrativos y regulatorios y para dejar claro también cuáles son las reglas del juego, para que así esta actividad productiva se desarrolle y crezca sin sobresaltos y con estabilidad.
2015 está siendo un año eminentemente electoral, en el que tanto el gobierno regional, como los gobiernos locales y casi con total seguridad el nacional, se van a ver sometidos a intensos cambios. Al respecto no está de más recordar la importancia fundamental que tiene la intervención pública en el desarrollo de la actividad turística, tanto en la provisión de servicios, de equipamientos e infraestructuras que inciden directamente en la experiencia y la calidad de nuestros destinos y entornos turísticos, como el marco regulatorio que afecta a esos servicios.
Por tanto, que el turismo evolucione como aspiramos, aprovechando esta senda de crecimiento y optimismo que los últimos tiempos nos han traído depende, en gran parte, de la consideración y el rol que jueguen en las administraciones autonómicas y locales y las decisiones a adoptar por sus futuros gobiernos.
En tal sentido, uno de los elementos a considerar es el justo reconocimiento institucional y a nivel presupuestario de la actividad turística en Andalucía. Su peso y aportación al PIB andaluz (12,8%) justifica de por sí, mantener y fortalecer una mayor atención y rango en el organigrama de la Administración autonómica y en el de muchos municipios y administraciones locales.
Es importante, al respecto, que exista una política turística perfectamente definida, que no esté sometida a decisiones partidistas, y que forme parte del conjunto de la acción del gobierno y no sólo de una parte de la ejecución del mismo. Para ello, resulta fundamental que la política turística se inserte en todos los órdenes de gobierno, mediante la adecuada coordinación y que se evite, en la medida de lo posible, la creación de instancias estancos, tanto administrativas como políticas, que no permitan una concepción coordinada y general de todo el necesario esfuerzo que el sector necesita.
Aunque es cierto que el turismo ha resistido mejor que otros sectores productivos la crisis económica, la política turística tiene importantes retos que deben alcanzarse para seguir en una línea necesaria de crecimiento sostenible y estable. En ese sentido, cabe recordar que no se ha dotado de los medios necesarios para potenciar la debida recualificación de los destinos y servicios de la Costa del Sol, de los destinos urbanos y de los municipios turísticos.
Asimismo, la financiación de empresas turísticas con fondos públicos empresariales ha sido prácticamente inexistente. Se ha seguido una política reglamentista un tanto errática con modificaciones no solicitadas por el sector, como el Decreto de campos de golf, mientras que no se han culminado procesos de reforma intensamente solicitados como el relativo a apartamentos turísticos.
Está claro que se necesita del apoyo público regional y local para corregir la estacionalidad turística, el verdadero talón de Aquiles de nuestra industria. Necesitamos una implicación mayor de las administraciones locales en esta materia, que permita a través de bonificaciones fiscales y otras medidas (IBI, IAE, etc), que la actividad de nuestras empresas sea sostenible y sostenida, sin fisuras en el tiempo, y que el empleo pueda tender hacia esa consideración de más indefinido que todos anhelamos. Precisamos también de una mayor cooperación en I +D +i de todos los actores públicos y privados: administración, empresas, organizaciones,universidades, etc.
Estamos en una era marcada por el cliente multicanal y participativo, que exige a las empresas una estrategia clara y permanente de innovación.
Por último, desde hace años es evidente la necesidad de diversificar nuestra oferta turística con nuevos mercados de mayor retorno turístico y social, y con segmentos de mayor valor añadido; es decir, una política promocional que apueste por la fusión de experiencias. Es cierto que se ha avanzado en este camino, pero también lo es, que en estos últimos años la apuesta entre turismo, cultura y deporte no ha sido tan clara, efectiva y tangible como cabría esperar. La promoción del turismo cultural y deportivo puede resultar más compleja que otros, pues supone mayor planificación e inversión, pero resulta imprescindible. Es necesario contar con una planificada agenda de actos culturales, singulares y notorios eventos deportivos que nos sitúen permanentemente en la mente de los turistas.
Necesitamos también un nuevo modelo de gestión de marketing con mayor protagonismo empresarial, más innovador, con más presupuesto y donde sean reales los principios de codecisión y corresponsabilidad. Debemos huir de modelos meramente informativos para instaurar modelos de construcción participativos y decisorios sobre campañas publicitarias, acuerdos y alianzas con operadores, patrocinios, etc.
En definitiva, si queremos potenciar los efectos del turismo en nuestra sociedad, es necesario convertirlo en política de Estado, dotarla económicamente, incrementar los esfuerzos de promoción, dar un mayor protagonismo a las empresas, innovar más, dar mayor participación y apostar por el dialogo social. Solo la unión de los esfuerzos dará los buenos y deseados resultados que las empresas y la sociedad necesitan.
Javier González de Lara
Presidente de la CEA
