En un año marcado por las citas electorales, la legislación sobre trabajo autónomo ha sido, quizás por este motivo, objeto de regulación en su mayor parte con la finalidad de mejorar el escenario para el colectivo que probablemente más ha sufrido la crisis y que más ha aportado al sistema en este periodo. Ha llegado el momento, según palabras de nuestros gobernantes, de empezar a devolver algo del esfuerzo realizado por los que trabajan como autónomos en nuestro país y esto ha hecho que hayan protagonizado muchos de los debates sobre nuestra socioeconomía, reconociendo la importancia del colectivo para alcanzar la tan ansiada recuperación económica.
Con esta premisa, en Andalucía despedíamos 2014 con la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de iniciar los trámites de elaboración del esperado Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo de Andalucía, horizonte 2020, que establecería las medidas de apoyo a este colectivo clave de la economía regional. No obstante, esta declaración de intenciones no veía su correlativo en los presupuestos de la comunidad, que de nuevo volvían a recortar las dotaciones previstas para el trabajo autónomo en su conjunto.
A nivel nacional pasaba algo parecido, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado daba una de cal y otra de arena. Así, mejoraban las reducciones y/o bonificaciones para nuevos autónomos, las conocidas como tarifas planas de pago a la Seguridad Social, que al extenderse ya a todos los colectivos de edad supondrían una repercusión positiva. En la misma línea, los autónomos celebraban la entrada en vigor, aunque sólo en parte, de la anunciadísima reforma fiscal que resultó no ser tanta reforma, o al menos no la necesaria, lo cual quedó demostrado cuando en el mes de julio se adelantó la aplicación de las medidas previstas para 2016. Así, a partir del 1 de julio se redujeron las retenciones del 21% al 19%. Por el contrario, se suprimía la deducción del 20% para empresas de reducida dimensión y autónomos con una cifra de negocios de menos de 5 millones de euros (esto es, la gran mayoría de autónomos, por no decir todos) y que mantengan el empleo, deducción que existía desde 2009. Tampoco se tocaban los impuestos indirectos, los que gravan el consumo, que hace que se siga soportando un IVA del 21%. Incluso, algunos de los pocos productos que mantenían tipos reducidos, desde el 1 de enero comenzaron a tributar al tipo general.
Otra de las “buenas noticias” que entraba en vigor con el nuevo año era la tan reclamada por los representantes del colectivo modificación de la prestación por cese de actividad, suavizándose los requisitos de acceso, especialmente por causas objetivas o económicas, ya que se reducían al 10% las pérdidas en un ejercicio para poder acceder dicha prestación. La prestación no funcionaba bien; de hecho, en la práctica era casi imposible acceder a ella. Junto con esta medida, otro de los principales cambios, radicaba en la desvinculación de la cotización por cese de actividad a la cotización por contingencias profesionales. No obstante, se mantiene el carácter voluntario de ambas.
Y el escenario no mejoraba del todo, por lo que en Andalucía, para hacer frente a las insostenibles tasas de desempleo y haciendo un gran esfuerzo, el gobierno de la Junta puso en marcha un Plan de Choque para el Empleo, entre los que se encontraba uno específico de fomento y promoción del trabajo autónomo que vio la luz en marzo y que actualmente se está tramitando como proyecto de ley en el Parlamento andaluz, convalidando así la necesidad de impulsar las medidas urgentes que justificaban el Decreto Ley mediante el que se aprobó este plan de choque. No obstante, el parón provocado por el proceso electoral autonómico y municipal ha derivado en un retraso importante en la concesión de las ayudas que contempla el Plan, que a octubre siguen en fase de resolución provisional.
Por contra, sí han visto la luz y aplicación el Plan Integral de Fomento para el sector de la Construcción y Rehabilitación Sostenible de Andalucía que tan buenos resultados está dando para el colectivo, así como el Plan de Activación del Comercio Ambulante de Andalucía o la Agenda por el Empleo.
El mes de septiembre, la ley nacional por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral reconocía el derecho individual de los autónomos a la formación profesional y la garantía de igualdad en el acceso de los trabajadores, las empresas y los autónomos a una formación vinculada a las necesidades del mercado de trabajo. Con este texto, se abre la puerta a la cotización por FP en el colectivo de trabajadores por cuenta propia. Además de la posibilidad de que la formación programada, es decir, la que se financia con cargo a bonificaciones de cuotas, pueda aplicarse a los trabajadores de los colectivos cuyo régimen de cotización contemple el pago de la cuota por el concepto de formación profesional, para cubrir sus propias necesidades formativas en las mismas condiciones que las establecidas para el Régimen General. El contenido de esta ley en esta materia avanza de manera sustantiva en el reconocimiento de derechos para los trabajadores autónomos, pero ahora, como recuerdan desde las organizaciones representativas del colectivo es necesario que, tanto el Ministerio de Empleo como las CC.AA., articulen los modelos definitivos de participación y apliquen presupuestos suficientes para hacer realidad los contenidos de la nueva Ley.
Pero, quizás, la norma más importante sobre trabajo autónomo del año ha sido la Ley 31/2015, del 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del Trabajo Autónomo y de la Economía Social, ley que entraba en vigor el 10 de octubre. Esta norma contempla, como una de sus medidas más especiales, la posibilidad, por primera vez, de que los titulares de derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo que causen alta como trabajadores por cuenta propia puedan compatibilizar la percepción mensual de la prestación con el trabajo autónomo por un máximo de nueve meses, extendiendo esta medida, que hasta ahora sólo tenían los menores de 30 años, a todos los desempleados sin límite de edad.
Así mismo, la ley establece con carácter fijo la conocida como tarifa plana de 50 euros para los trabajadores por cuenta propia que causen alta inicial, o que no hubieran estado en situación de alta en los 5 años inmediatamente anteriores. Y, como novedad importante y muy demandada por el colectivo, lo previsto anteriormente resultará de aplicación aun cuando los beneficiarios de esta medida, una vez iniciada su actividad, empleen a trabajadores por cuenta ajena.
Por otra parte, se podrá abonar a los beneficiarios de prestaciones por desempleo de nivel contributivo hasta el 100% del valor actual del importe de la prestación en dos nuevos supuestos, cuando pretenda constituirse como autónomo con independencia de la edad, o cuando capitalicen la prestación para destinarla hasta el 100% a realizar una aportación al capital social de una mercantil, siempre que vayan a poseer el control efectivo de la misma y a ejercer en ella una actividad profesional estable. Especial importancia tendrá la medida por la que se conservan los derechos de prestación por desempleo mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia de duración inferior a cinco años, aplicándose incluso a los que mantuviesen suspendida su prestación o subsidio por desempleo en el momento actual. No obstante, para su recuperación debe acreditarse que ha finalizado la causa de la suspensión y que esta constituye inscripción como demandante de empleo. Ssi ésta se produce tras 24 meses de suspensión, deberá acreditarse la involuntariedad del cese en atención a unos supuestos tasados.
Estas han sido las normas más destacadas en lo que llevamos de 2015, aunque no las únicas que han afectado al colectivo, para bien o para mal, como la nueva Ley de Mutuas o la de Cámaras de Comercio. Incluso algunas de las sí comentadas contienen otros aspectos relevantes sin olvidar aquellas que han incidido de forma sectorial.
Y 2015 comienza a despedirse como empezó: con las promesas de trazar un mejor escenario para los autónomos. De hecho, mientras se realiza este artículo, el Consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía presentaba el Plan de Actuación para el Trabajo Autónomo, horizonte 2020, con cuya aprobación de tramitarlo comenzaba este artículo y que establece las políticas que sobre trabajo autónomo se llevarán a cabo en Andalucía los próximos cuatro años, ya sólo pendiente de publicación y entrada en vigor. Junto a ello, se presentaba el Proyecto de Presupuestos Generales para la comunidad para 2016, que contempla partidas por valor de 125 millones de euros para trabajo autónomo y que, gracias al acuerdo alcanzado entre PSOE y Ciudadanos, podrá aprobarse en su trámite parlamentario. Y no serán las únicas promesas y/o acuerdos que se alcancen, especialmente a nivel nacional, ante la perspectiva del último trimestre del año y con unas elecciones generales de por medio.
No obstante, desde las organizaciones representativas del colectivo se siguen demandando reformas y el establecimiento de medidas que impulse la actividad y permitan desarrollar las actividades por cuenta propia con una mejor perspectiva para el futuro. Según demandan, siguen faltando medidas que estimulen el consumo como la bajada del IVA y que mejoren las rentas del trabajo, que recuperen la circulación normal del crédito y el acceso a la financiación, que mejore sustancialmente la protección social de los autónomos, por ejemplo pudiendo acceder a subsidios similares a los establecidos para los que agotan las prestaciones contributivas por desempleo, así como una revisión integral del RETA que permita, entre otras cosas, cotizar a tiempo parcial y por ingresos reales permitiendo el cambio de bases con carácter mensual, entre otras. En definitiva, medidas que no sólo faciliten y mejoren las condiciones de incorporación al trabajo autónomo, sino que permitan que los que ya lo son puedan consolidarse, ser más competitivos, e incluso puedan dimensionarse garantizando su protección social y mejorando con ello el reconocimiento legal y social del que probablemente es el colectivo con mayor peso específico y trascendencia para nuestra socioeconomía.
