El múltiple periodo electoral de 2015 ha marcado las tendencias de este año que termina. Los acuerdos post-electorales no parecen cercanos y, probablemente, esto significa que no se tomarán grandes decisiones legislativas ni medidas de cambio que puedan favorecer la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Ante la situación actual quiero poner en valor que la “inteligencia económica”1 aplicada a la planificación pública debe ir combinada con la inteligencia social y dar respuesta al interés general asegurando un reparto equitativo e igualitario del bienestar.
En este sentido, quiero destacar que la obligación de los poderes públicos es planificar en beneficio del interés general. Para ello, se requiere que los parámetros básicos de la “inteligencia económica territorial” aplicados a las políticas públicas de gestión socioeconómica y de competitividad sean, al menos, informados y formados, seguros y prevenidos ante riesgos futuros y con capacidad de influencia normativa y posicional en el contexto europeo e internacional.
Y, ante todo, es fundamental una planificación de posición nacional en el contexto internacional con una visión a largo plazo, una visión a veinte años. Sin embargo, los periodos cuatrianuales de legislaturas, inferiores incluso en caso de anticipo de elecciones, las planificaciones económicas anuales cortoplacistas y los programas aislados que no respondan a un objetivo a 20 años vista, no van a ayudar a salir del desempleo estructural de nuestro territorio.
Los poderes públicos deben asegurarse de que las necesidades sociales básicas, cuyo pilar básico es un empleo digno, estén cubiertas sin que eso sea óbice para continuar con el objetivo marcado a 20 años de dinamización productiva, sectorial, económica y social en el ámbito de actuación.
Puesto que esa planificación productiva, económica y social debe responder al interés general y a la igualdad de oportunidades, es desde ahí donde el cooperativismo se postula como la mejor tipología empresarial para reorientar la actividad económica hacia una mayor y mejor distribución de la riqueza. El fin no es otro que conseguir un entorno social más justo y más sostenible.
Dicho así, podría parecer una afirmación “buenista” con vocación ideológica y de salvación. No se trata de eso. Se trata de la forma de funcionamiento de una cooperativa y lo que la diferencia de otras tipologías empresariales como las sociedades limitadas, sociedades anónimas, sociedades limitadas laborales, etc. En las cooperativas cada socio o socia tiene un voto, ello implica que esta empresa es más democrática y más igualitaria. Por otra parte, las cooperativas mutualizan bienes o servicios haciendo una puesta en común para la mejora de la calidad de vida las personas que componen estas empresas. Ese ha sido y es el papel de las cooperativas: surgen para procurar el bienestar del colectivo, nacen para gestionar el bien común. Esto es emprendimiento social, es economía colaborativa, economía social y quiero subrayar que las cooperativas son la práctica más consolidada, más tangible y más numerosa de todas esas realidades.
Enlazando estas ideas y como conclusión, es fundamental destacar que defendemos que es imprescindible que los poderes públicos desarrollen una planificación productiva, social y económica a largo plazo en beneficio del interés general y contando con el modelo cooperativo. Solo así podemos construir un sistema productivo más justo que parta de una economía real por y para el bienestar común.
1 Définition de l’intelligence économique selon le préfet Rémy Pautrat, portal de la inteligencia económica, sitio digital ‘Portail-ie’.
Isabel Soto Fernández
Directora general de FAECTA
