La situación de precariedad laboral y pobreza en la que sigue instaurada nuestra economía no afecta a todos por igual, como tampoco lo hace la recuperación del 3,4% que ha habido en España en 2015. La mayoría social sigue sin sentir los efectos de esa recuperación y voces de diversos ámbitos alertan de que España es el segundo país de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad, y de que casi el 30% de la población española, más de 13 millones de personas, se encuentran en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Tener un empleo tampoco blinda las economías domésticas de una gran parte de la población, y la pobreza laboral, donde el Salario Mínimo Interprofesional es la pieza fundamental, también va en aumento.
En Andalucía, uno de cada tres trabajadores no llega en el cómputo anual al SMI, de ahí que una de las propuestas prioritarias de CCOO de cara a la nueva legislatura sea conseguir que el nuevo gobierno lo suba a 800 euros mensuales, ya que los 655 euros actuales siguen situando muy lejos al mercado laboral español de países vecinos como Francia o Alemania donde se superan ampliamente los 1.200 euros.
La desigualdad, facilitada en gran parte por las reformas laborales de 2010, 2011 y 2012, es un reto a afrontar por parte de gobiernos y partidos políticos que han de marcar las pautas para que Andalucía y España vuelvan a la senda del crecimiento tomando como objetivo converger con Europa sin renunciar a la igualdad y la justicia social. La realidad ha demostrado que dichas reformas no han creado el empleo que pretendían, y que el que se ha creado ha sido muy precario y temporal.
Tampoco ha dado estabilidad a nuestra economía y, por ende, a las personas trabajadoras. Para lo que sí ha servido es para transformar el marco jurídico, situando la libertad de empresa por encima del derecho del trabajo, así como para mermar el derecho de libertad sindical bajo la falsa idea de salvaguardar la competitividad y viabilidad empresarial como instrumento para favorecer el empleo. Lógicamente, la falta de normas laborales e intentar dejar al trabajador desprotegido y en situación de desventaja frente al empresario sólo ha traído perjuicios, y no sólo a los trabajadores y trabajadoras, también a las empresas debido a la competencia desleal que se ha generado en muchos casos entre ellas.
La firma del III Acuerdo de Negociación Colectiva alcanzado en junio después de meses de bloqueo y en un contexto de negociación complicado, supuso un paso importante, sentándose las bases para fortalecer el convenio colectivo como instrumento regulador de cara a garantizar los derechos y mejorar la situación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa.
En cualquier caso, en CCOO seguimos insistiendo en la necesidad de que se apruebe una Carta de Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras a través de una Ley orgánica que refuerce sus derechos fundamentales en las relaciones del trabajo, mientras que en el marco de diálogo establecido con nuestra contraparte en la empresa, mantenemos como prioridades incidir para reequilibrar las fuerzas que tanto han desequilibrado las reformas laborales, garantizar de forma real y efectiva la fuerza vinculante de los convenios colectivos, recuperar la preeminencia del convenio sectorial, y recuperar la ultraactividad del convenio y los ámbitos de negociación colectiva real en las administraciones y empresas públicas.
En Andalucía, nuestra prioridad es mantener y renovar los 333 convenios colectivos pendientes que afectan a 317.586 trabajadores y trabajadoras, especialmente los sectoriales, única garantía para el mantenimiento y mejora de las condiciones laborales y salariales. Un dato positivo es que, a pesar de la intencionalidad del PP y de su reforma laboral de imponer convenios de empresa, porque son mucho más vulnerables y perjudiciales para el trabajador, en nuestra tierra, a excepción del convenio del mármol en Almería, sobre el que estamos trabajando, no se ha perdido ningún convenio sectorial importante y en la actualidad hay 208 que afectan a un colectivo de 1.385.536 trabajadores y trabajadoras.
En CCOO estamos convencidos de que, al igual que el convenio colectivo de sector es el más acertado, el marco más adecuado para abordar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras es el de la Negociación Colectiva, porque es ahí donde, desde posiciones opuestas, empresarios y sindicatos estamos condenados a entendernos en la búsqueda de consensos, para que el interés general, que no es otro que el bien de los trabajadores y trabajadoras andaluces y con él el de la economía y la sociedad de Andalucía, se anteponga a intereses particulares.
Francisco Carbonero Cantador
Secretario General de CCOO-A
@carboneropaco
