Durante 2016 conmemoramos el 30 aniversario de España y Andalucía en la Unión Europea. Este es un hecho que, por su importancia y trascendencia merece, sin duda, una reflexión y más en estos tiempos, en los que estamos viviendo momentos decisivos de nuestra historia, en los que entre todos debemos asumir nuevos retos y conjugar políticas sociales inclusivas, con un equilibrado y necesario desarrollo económico.
Es necesario que Europa dé respuesta a los acuciantes problemas políticos y sociales sobrevenidos que necesitan ser abordados sin demora. Y necesitamos, sobre todo, una nueva Europa de las personas y las empresas.
Para España, y más aún para Andalucía, la adhesión a la Unión Europea fue un instrumento de cambio y modernización. Un estímulo político y un mandato jurídico. Desde 1986, España y Andalucía han vivido el camino de un proyecto histórico con una transformación profunda y sin precedentes de su estructura socio-económica, y han alcanzado una multitud de logros inimaginables treinta años atrás.
En el caso de Andalucía, tuvimos desde un primer momento la consideración de región objetivo preferente para las políticas de la Unión Europea, lo cual nos permitió acceder de forma cualificada a una serie de recursos que han contribuido a una gran parte de nuestra transformación económica, sobre todo en lo relativo a infraestructuras físicas y de servicios.
Y como el conjunto de España, nos hemos beneficiado también de un proceso de modernización que se sustenta en hitos tan importantes como la unión económica y monetaria; o la incidencia que la política social europea ha tenido sobre todos nosotros.
El éxito de nuestra adhesión se ha debido, en buena parte, al continuo acompañamiento del empresariado que, con una clara vocación europeísta, supo aprovechar las oportunidades que representaban y representan el mercado interior europeo en su más amplia dimensión.
Para nuestras empresas, la adhesión fue un salto cualitativo y cuantitativo, redujo muchas de las trabas existentes a la expansión supranacional e hizo que las empresas aprendiéramos a competir en un mercado más amplio, el comunitario. Se nos abrió el camino de Europa. Sabíamos lo que queríamos ser, a dónde ir y empezamos a expandirnos a otros territorios europeos.
Treinta años después, la UE sigue siendo ese agente esencial para impulsar reformas y transformaciones, y ese garante en la defensa de valores democráticos. Para ello, las instituciones europeas tienen que responder a los retos del empresariado, que en este momento son imprescindibles para seguir marchando por la senda del progreso y el desarrollo, y unidos en consolidación y refuerzo institucional de la Unión Europea.
Unos retos que pasan por una unión económica y monetaria más compacta y que sitúe la competitividad de las empresas en su toma de decisiones. Que afronte los grandes temas que afectan a las empresas como la energía o las redes de transporte, por poner dos claros ejemplos.
La UE tiene que asumir también un compromiso a favor de un mercado interior europeo más cohesionado y eficiente, basado en el refuerzo de los mecanismos de supervisión y cumplimiento, eliminando las barreras que dificultan el buen funcionamiento del mercado interior europeo.
Otro gran reto es la articulación de una política comercial europea, al servicio de la empresa, para alcanzar una competitividad a escala global. Y, por último, hay que lograr acuerdos equilibrados, como el que se está negociando con los Estados Unidos.
Ése debe ser siempre nuestro camino, seguir construyendo una Europa diversa, justa, solidaria y, a la vez, competitiva. Una Europa de las personas y de las empresas, puesto que se ha demostrado que unidos, con unas fronteras más transparentes, la economía tiene más oportunidades para su desarrollo, para el crecimiento y el bienestar social.
Sin duda, ésa es la Nueva Europa que anhelamos y soñamos, tal como señaló el Papa Francisco al recibir el prestigioso Premio Carlomagno: “Sueño una Europa que promueva y proteja los derechos de cada uno, sin olvidar los deberes para con todos. Sueño una Europa de la cual no se pueda decir que su compromiso por los derechos humanos, ha sido su última utopía”.
Javier González de Lara
Presidente de la CEA
