Por si los trabajadores, trabajadoras y sociedad en general no han tenido que soportar ya suficientes reformas y ataques a sus derechos de la mano de políticas injustas, ahora toca enfrentarse a los tratados entre países que no sólo afectan a los derechos laborales, sino que van más allá y ponen en jaque incluso la protección medioambiental y la seguridad alimentaria.
Aunque es ahora cuando a la sociedad está empezando a sonarle siglas como TTIP, la realidad es que el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones lleva años negociándose de espaldas a la ciudadanía pese a que sus efectos, de ratificarse en los términos previstos, y filtrados por la mayor organización ecologista mundial, serían devastadores.
Desde CCOO, tanto en solitario como en colaboración con multitud de organizaciones, llevamos mucho tiempo poniendo el acento en este y otros tratados de índole similar, e intentando que la gente conozca lo que los gobiernos intentan ocultar.
Como digo, el TTIP es el colofón a una serie de tratados que buscan liberalizar los mercados a costa de salud, seguridad, derechos y hasta del medio ambiente, pese a que en la Unión Europea gozamos de una regulación, que más que menos, protege los recursos naturales; otra cosa es que se cumpla y se respete por todos: empresas y administraciones.
De hecho, en ese nuevo ataque con políticas que arremeten contra la protección y los derechos medioambientales, en aras de una mercantilización y aprovechamiento especulativo de nuestros recursos naturales, la normativa medioambiental es un obstáculo claro.
El CETA, otro de los tratados que, de forma silenciosa e intencionada se ha negociado entre Canadá y la UE y que está a punto de ratificarse, constituye otra de las piezas de un puzzle que encaja a la perfección y que pondrá en peligro muchos aspectos de nuestra vida diaria. Ha pasado desapercibido pero supone un peligro real porque, de implantarse, conllevará los mismos efectos que se le presuponen al TTIP, ya que EE. UU. y Canadá poseen una economía integrada, y sus multinacionales tendrán dos vías de acceso a la Unión Europea, una por autopista gracias al TTIP, y otra por la nacional, el CETA.
Tampoco podemos olvidarnos del TISA, que pondrá en bandeja la privatización de servicios públicos.
Acrónimos y siglas tras los que se esconde una nueva realidad social y económica marcada por la liberalización de los mercados y por una clara pérdida de la calidad democrática, de libertades, de empleo, de derechos laborales fundamentales como el de huelga, o la negociación colectiva, problemas de seguridad alimentaria, de privacidad y protección de datos y, por supuesto, graves riesgos de destrucción ambiental.
Y esto, como decía antes, no son conjeturas, porque gracias a las últimas filtraciones de los documentos de negociación del tratado, se ha demostrado que estábamos en lo cierto, y que no vendíamos humo.
Estamos, pues, ante una clara amenaza por un tratado que persigue armonizar, o dicho de otra forma, “igualar a la baja” la normativa laboral, alimentaría, jurídica y medioambiental a ambos lados del Atlántico. En el caso del medio ambiente, ahora que acabamos de celebrar el Día Mundial, la Comisión Europea ha llegado a admitir que el tratado causará riesgos para los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad, o que se liberarán a la atmósfera 11 millones de toneladas de CO2 que podrán en peligro los objetivos de lucha contra el cambio climático, con lo que ello supondrá para Andalucía.
Igualmente, se pondrá en peligro la gran variedad de espacios naturales protegidos que tenemos en nuestra tierra de incalculable valor, y la tan ansiada Economía Verde, donde los empleos de calidad impulsen el tan urgente cambio de modelo productivo que necesita nuestra tierra.
El poder del capital parece, como demuestran estos tratados, estar por encima de todo, con el agravante de que son los gobernantes quienes lo están permitiendo al plegarse a las grandes multinacionales, aunque eso implique vivir en un mundo peor, de ahí que cada vez más voces, entre ellas la de CCOO, reivindiquemos más participación en las negociaciones, con el objetivo de que no se imponga, o que sus perversos efectos queden reducidos a la mínima expresión.
Francisco Carbonero Cantador
Secretario General de CCOO-A
@carboneropaco
