Se cierra un año con cifra récord en cuanto al valor global de la producción y con una subida de la renta agraria.Un año en el que, por primera vez en toda la década, ha crecido el número de activos agrarios y en el que bajaron ligeramente los principales insumos. Sin embargo, a pesar de estos datos positivos, el sector agrario español acumula una pérdida de renta de un 21% desde 2003. Y esto se debe a que los precios, de los que depende el 70% de la remuneración de los productores, no mejoran.
Por eso, uno de los grandes objetivos para el año que comienza debe ser buscar el equilibrio en la cadena alimentaria. La Ley de Cadena supuso un avance, pero hay que mejorarla, aumentando y optimizando los recursos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), extendiendo los contratos obligatorios al conjunto de las operaciones en la cadena, introduciendo la “venta a pérdidas” como práctica comercial abusiva sancionable, ampliando la figura del mediador y prohibiendo las campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos o en su uso como reclamo.
Desde Andalucía, debemos mejorar la coordinación para aplicar las sanciones recomendadas por la AICA en relación con el cumplimiento de la calidad comercial, el etiquetado, la compra a pérdidas, los productos reclamo, etc. Dada la importancia del sistema agroalimentario andaluz, es intolerable que no dispongamos de los medios técnicos necesarios para detectar el fraude en la composición y categorización de la calidad de los alimentos.
En lo que se refiere a la PAC, 2016 confirmó que su aplicación en España perjudicó a Andalucía, que pierde en el nuevo marco casi 900 millones. Por eso, de cara a las negociaciones para el chequeo de esta nueva PAC, COAG pide que haya una nueva orientación más social y profesional, que acabe con “verdeos” de escaparate y priorice los apoyos a los verdaderos profesionales agrarios; que se mantengan los presupuestos generados por cada región según su realidad productiva, igual que la UE respeta los presupuestos nacionales; un modelo más justo de ayudas asociadas; la limitación de los pagos por beneficiario (tope en las ayudas), para una mejor distribución de los apoyos públicos; y un pago redistributivo para apoyar las primeras hectáreas de la explotación, como han hecho Francia o Alemania, para favorecer la generación de empleo y afianzar su modelo profesional.
En 2017 hay que seguir avanzando en relevo generacional, ante el palpable envejecimiento del sector. El cambio de rumbo de esta política ha hecho posible que en 2015 se atendiera a casi 1.500 jóvenes y en 2016 se ha vuelto a abrir la ventanilla, esfuerzo que valoramos.
Todas estas cuestiones pueden y deben encontrar respuesta en la Ley Agraria de Andalucía, actualmente en proceso de participación, uno de los grandes hitos que deja 2016 y una de las principales tareas para 2017. Esta Ley debe ser el impulso que este sector estratégico necesita, para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales; para situar en el centro de las políticas públicas al agricultor y al ganadero profesional, que tiene en la actividad agraria su medio fundamental de vida; y para apostar por un modelo social, que es el que genera actividad y empleo en el medio rural, en el que vive el 57% de la población andaluza.
Miguel López
Secretario General de COAG Andalucía
