Después de todo un año de incertidumbre y parálisis política e institucional, se despidió 2016 con la constitución, al fin, de un nuevo Gobierno de la Nación. En principio, ha sido una buena noticia porque resultaba urgente y necesario que conociéramos cuál sería la acción política de un Gobierno hasta entonces en funciones. Con ello, se podía evitar, por fin, la falta de toma de decisiones a futuro por parte de inversores, empresarios y consumidores.
Es evidente que la economía mantuvo un buen pulso durante el pasado año en nuestro país, pero las mayores turbulencias en el contexto internacional y el bloqueo político en el ámbito interno determinaron que los pronósticos para 2017 apuntasen a un debilitamiento en las tasas de crecimiento de la actividad y el empleo. Por ello, era urgente la puesta en marcha de la actividad gubernamental para que se pudieran tomar medidas que cambiarán el rumbo de una posible desaceleración del crecimiento económico.
Tal es el caso de la reforma efectuada en el Impuesto de Sociedades, que afectará a la compensación de bases imponibles negativas y a la deducción de gastos financieros, entre otras cuestiones. A la vez, la revisión de los Impuestos del Tabaco y el Alcohol suponen subidas sobre unos productos que ya soportan una fiscalidad muy alta. Es más, la creación de un impuesto sobre bebidas azucaradas reducirá las ventas de un sector muy concreto, pudiendo impactar en la inversión y en la creación de empleo.
Finalmente, y en el ámbito social, el incremento de la base mínima de cotización un 8%, en línea con el incremento del SMI, y del 3% de la base máxima, supondrá un mayor ingreso para la Seguridad Social a costa de incrementar de nuevo los costes sociales para las empresas. Decisiones que carecen del necesario consenso con los agentes económicos y sociales y que suponen falta de sensibilidad hacia la actividad empresarial.
España tiene uno de los sistemas fiscales con los impuestos más altos de la Zona Euro, pero es también, al mismo tiempo, uno de los países de la región que menos recauda con sus tributos. Esto es así porque se trata de un régimen fiscal ineficaz y deficiente. Ahora, para cumplir los compromisos comunitarios y la consolidación de las finanzas públicas, se da una vuelta de tuerca más, en el sentido inadecuado.
Sin consenso y sin valoración de su impacto sobre la actividad empresarial, se han adoptado medidas en el ámbito tributario y en materia social que pretenden solucionar los problemas presupuestarios del Estado, a costa de incrementar la presión fiscal sobre las empresas, que ya contribuyen significativamente al sostenimiento del sistema. Y se han obviado, además, medidas dirigidas a la racionalización del gasto público o a la lucha contra la economía sumergida.
Este incremento en las estructuras de costes fiscales y sociales de las empresas, al margen de poner en entredicho, por la forma en que se ha realizado, la seguridad jurídica para inversiones ya planificadas, pueden suponer un destacado deterioro para su competitividad. Circunstancia que mermará nuestra capacidad real para afrontar el principal desafío que tenemos como sociedad, y que no es otro que una mayor generación de oportunidades de empleo.
Desde las organizaciones empresariales, compartimos la necesidad de cumplir con los objetivos de déficit público y consolidación fiscal. Sin embargo, este fin debe perseguirse no sólo actuando de forma inteligente por el lado de los ingresos, sino, lo que es más importante para la sostenibilidad de la recuperación económica, a través de la adecuación y modernización de las estructuras administrativas y la mejora de la eficiencia en el gasto público.
Los empresarios defendemos la existencia de un sistema tributario justo, eficiente y estable, acompañado de una profunda simplificación normativa. Un sistema que proporcione seguridad jurídica para el desarrollo de las actividades e incida en la eficiencia en el funcionamiento del propio sistema. Y que esté inspirado por el fomento de los factores que impulsan la competitividad en nuestro país a través del impulso de la generación de valor y la eficiencia.
Sin obviar las necesidades de recaudación, antes que acudir al incremento de la carga fiscal individual sobre empresas y ciudadanos, se debe, al contrario, incentivar la actividad y el empleo. Para ello, habrá que combinar la ampliación de las bases agregadas de tributación mediante la incorporación de nuevos contribuyentes, con la reducción de los tipos de gravamen, de forma que entre todos se contribuya a la sostenibilidad global del sistema.
En definitiva, se trata de revertir la actual situación en la que nuestro sistema fiscal está mermando la competitividad de nuestras empresas, y que se podría solucionar con actuaciones como las señaladas, mediante el diálogo y el consenso de todos. A las que habría que sumar también una política de armonización fiscal entre todas las comunidades autónomas, que evitaría la actual asimetría fiscal entre territorios, permitiendo reducir los impuestos para mejorar la unidad de mercado y la competitividad de nuestras empresas.
Javier González de Lara
Presidente de la CEA
