A lo largo del último lustro, hasta en dos ocasiones se ha reformado el Sistema Público de Pensiones con el único objetivo, más o menos encubierto, de reducirlas o congelarlas. Las pensiones siempre han estado en el cepo de la guillotina de los recortes.
Así, hemos asistido a retrasos en la edad de jubilación, al endurecimiento de los requisitos de acceso a la jubilación anticipada, al establecimiento de mayores esfuerzos contributivos para poder disponer de una pensión plena, a la desvinculación de las mismas del IPC y al establecimiento de un índice de revalorización y de un factor de sostenibilidad, que no han hecho más que empobrecer a los pensionistas, y ello a pesar de la baja tasa de inflación de los últimos años.
Parecen intentarnos hacer creer que son los propios pensionistas los que tienen la culpa de vivir más años y, por ello, hay que reducir las pensiones a medida que se vaya incrementando la esperanza de vida. Es decir, la mejora de las pensiones y el aseguramiento de un nivel de calidad de vida digno para nuestros trabajadores de mayor edad ha dejado de ser un derecho social para pasar a tratarse de una cuestión meramente contable, a una anotación financiera condicionada por la evolución de los gastos e ingresos de la economía española.
Especialmente preocupante es que este tipo de medidas se tomaran justo cuando esos casi millón y medio de andaluces que sólo cuentan con sus pensiones, además, se han convertido en único sustento económico para unas economías familiares asfixiadas por la actual crisis económica, por el incremento del paro, por las reducciones salariales y por el empobrecimiento al que este tipo de medidas, ha abocado a sectores cada vez más amplios de la sociedad.
La hiriente reforma de 2013 vulnera, al menos, tres artículos de la Constitución en lo referido a la obligación de tutela de los pensionistas, a la no discriminación por género y al principio de aplicación de la seguridad jurídica.
Pero la publicación de cada nuevo estudio o dato socioeconómico demuestra la falsedad de los mismos: la viabilidad del sistema no es una cuestión de gastos, sino de ingresos y de cómo incrementarlos de forma socialmente justa; el envejecimiento de nuestra sociedad ni es alarmante ni es superior al de las economías de nuestro entorno, por lo que tampoco es una cuestión demográfica; nuestras pensiones, especialmente las mínimas, continúan estando por debajo de la media de la UE; las experiencias llevadas a cabo en materia de privatización del sistema de pensiones han tenido efectos nefastos para sociedades a las que ha condenado a la pobreza y a la polarización de la misma entre pobres y muy ricos.
Frente a todo, nuestro sindicato no ha dejado de proponer medidas concretas para solucionarlo, cuya inmediata puesta en funcionamiento repercutiría, en el corto y medio plazo, en una importante mejora de los niveles de calidad de vida, no sólo de nuestros pensionistas, sino del conjunto de la sociedad, además del logro de unos márgenes de cohesión social hasta ahora no alcanzados.
Proponemos reforzar el Pacto de Toledo, derogar el índice de revalorización, garantizar por ley el poder adquisitivo de los pensionistas, establecer un impuesto directo progresivo que asegure las sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones más allá de los típicos ciclos de bonanza y crisis de la economía capitalista, dignificar las pensiones más bajas, mejorar los salarios del conjunto de los trabajadores y el SMI hasta los 800 euros mensuales y el establecimiento de un sistema de revalorización de las mismas que propicie que nunca puedan registrar un incremento menor al IPC o al salarial medio pactado en convenio.
Desde UGT Andalucía creemos que las pensiones son mucho más que un equilibrio contable. En definitiva, lo que proponemos es diseñar políticas que fortalezcan el Sistema Público y no que lo recorten. Para ello, el fin de todas las medidas por las que abogamos es sencillo: recuperar la dignidad de las pensiones y de los pensionistas.
Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A
@mc_castilla
