El Consejo de Gobierno ha acordado sancionar con 2,37 millones de euros a CaixaBank por falta de información de prestación de servicio en relación con los contratos hipotecarios y por no atender a los requerimientos formulados por la Administración.

El procedimiento se inició en diciembre de 2016, tras la recepción de 352 denuncias de particulares, que fueron tramitadas en el marco de una campaña de control de la Inspección de Consumo. Con este son ya ocho los expedientes sancionadores a entidades bancarias resueltos por el Consejo de Gobierno en lo que va de año, con casi 11,5 millones de euros por las infracciones y el comiso de las cantidades indebidamente cobradas.

La sanción impuesta a CaixaBank incluye 380.000 euros por una infracción muy grave y otra grave contra la legislación vigente de defensa de los consumidores. Además, se acuerda el comiso del beneficio ilícito obtenido, cuantificado en 1.997.182 euros.

La infracción calificada como muy grave, sancionada con 350.000 euros, se deriva de la falta de información de prestación de servicio. En un gran número de las denuncias analizadas se comprobó que la entidad infractora no había aportado los datos precontractuales que son obligatorios o los había facilitado defectuosamente, tanto en el contenido como en la forma y en el plazo. Por su parte, el incumplimiento de las medidas y requerimientos realizados por la Administración a la entidad en relación con estas prácticas ha sido calificado como infracción grave.

Para la fijación de estas cantidades se han tenido en cuenta como agravantes la posición relevante del infractor en el mercado, el hecho de que la entidad ya ha sido sancionada con anterioridad por incumplimientos de la normativa y el perjuicio causado a los consumidores, valorado en la misma cantidad del comiso por beneficio ilícito.

Además de la legislación que se aplica en estas sanciones, la comunidad autónoma cuenta también con la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias en la Contratación Hipotecaria de Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz en mayo del pasado año para aumentar las garantías y el derecho a la información de los andaluces en estas materias. El texto aporta una serie de mejoras respecto a la normativa estatal en cuanto a los datos que se debe proporcionar a quien suscribe un préstamo hipotecario y, además, extiende la protección a los avalistas.