Finaliza el año la economía andaluza con un crecimiento estimado en el entorno del 3% un 3,2 apuntaba últimamente BBVA Research a mediados del pasado mes de noviembre, y en el tres se mueven Analistas Económicos de Andalucía y el Outlook de la Universidad Loyola, entre otros.
Los servicios de estudios y los centros de predicción económica españoles suelen coincidir habitualmente en sus análisis “macro” con desviaciones poco significativas, salvo casos muy concretos, y siempre que los períodos y los acontecimientos -pasados, presentes o futuros- sean similares. Baste el citado ejemplo del crecimiento para este año que se va o el previsto para 2018, en el que las oscilaciones entre los tres actores anteriores apenas llegan a tres décimas: BBVA, un 2,5%, Analistas un 2,7% y Loyola un 2,8%.
En primer lugar, estas previsiones parten de premisas generales que mantienen todavía los famosos vientos de cola que han sostenido el crecimiento en los últimos años: el impulso global, los tipos de interés en mínimos históricos, los bajos precios del petróleo y la estabilidad en niveles reducidos de la prima de riesgo española.
En segundo, tienen que ver con el factor de distorsión más cercano que se llama Cataluña, como todo el mundo sabe. Y ahí, el valor decimal de las diferencias tiene un peso distinto, ya que cuanto más actualizadas estén las secuencias de los hechos en el análisis, mayor será su valor de partida.
Esta afirmación no concluye con el hecho de que BBVA Research -en su tradicional informe semestral de situación de las comunidades autónomas- vaya a ser el más acertado, como tampoco vamos a ironizar con las previsiones los aciertos de los economistas, pero sí que hay que colegir que a mayor información, mayor precisión. Siempre y, ya como idea relacional, en cualquier orden de la acción estratégica correspondiente, sea institucional, empresarial, pública, privada, etc. Precisamente, una de esas ideas relacionales del conflicto independentista y Andalucía es la de que de las más de 2.000 empresas que han abandonado Cataluña en estos meses, apenas tres o cuatro han acabado en nuestra Comunidad, lo que concluye genéricamente en que tenemos un grave problema de marca. O sea, de reputación positiva.
Viviendo hoy en la economía de la reputación -insisto, positiva, porque la reputación como cualquier otro atributo necesita adjetivarla para ser valorable- y como elemento indispensable de la competitividad a cualquier escala, el que Andalucía no sea percibida abiertamente como territorio propicio para la actividad económica, más allá del sector turístico y otros subsectores localizados, debe llevar a una respuesta contundente y común.
Hay una extraordinaria cantidad de “literatura” respecto al potencial andaluz, solo aquella idea de la “California” europea alimentaría toda una Cátedra, pero llegados a este tiempo de disrupción y transformación, y siendo conscientes de las carencias y excesos en materias estructurales -fiscalidad o inflación legislativa- parece inevitable conceder a las empresas andaluzas, por pequeñas y medianas -en el concepto español- que sean, un protagonismo activo y real en la acción estratégica de la comunidad.
En Andalucía hay muchas y muy buenas empresas y, como se ha apuntado siempre, hacen falta muchas más pero, sobre todo, hace falta hacerlas importantes para que la percepción sobre la propia comunidad mejore y salga más allá de los mismos sectores. Y así, la comunicación institucional podría hacer hincapié en las empresas andaluzas como ejemplos y repito, muchos de ellos muy buenos, y más allá de esos mismos sectores, para mostrar que también hay un potencial extraordinario de buena reputación positiva más allá de la actividad y sectores de siempre. Naturalmente, en el orden normal: primero los hechos, luego, las palabras.
Francisco J. Bocero
Periodista y consultor de comunicación estratégica
