Desde hace meses, las pensiones están semana tras semana en la agenda del gobierno del PP. Y hasta ahora nunca ha sido para anunciar subidas justas, para establecer medidas públicas de estímulo a la maltrecha y esquilmada hucha de las pensiones (casi 67.000 millones de euros derrochados en los últimos años con la excusa de la crisis) o para mejorar las condiciones de vida de nuestros mayores. No, nunca es para eso. Más bien es para infundir miedo a los casi diez millones de pensionistas actuales y a los que lo seremos en un futuro, e inducirnos a contratar planes privados con entidades bancarias y aseguradoras.
Contratar planes privados no es la solución, solo favorece a la banca y a quienes tienen rentas más altas. Es materialmente imposible que una persona desempleada de larga duración pueda ahorrar para un plan de pensiones privado, o que lo haga quien encuentra trabajos esporádicos de semanas o incluso días sueltos o quien aun trabajando no consigue llegar a fin de mes. Con la medida estrella del PP de poder rescatar los planes privados de pensiones a los diez años, lo que está haciendo este Gobierno es introducir un nuevo elemento de desigualdad social en España. El ciudadano no es quien debe garantizar sus pensiones, ese papel le corresponde al Estado.
Desde UGT llevamos ya mucho tiempo solicitando la puesta en marcha de las recomendaciones planteadas en el Pacto de Toledo, bloqueado por cierto por el propio Gobierno. Es fundamental y prioritario que partidos políticos e interlocutores sociales nos sentemos para desbloquear la situación, se derogue la reforma que hizo el Gobierno de Rajoy en 2013 y logremos que el sostenimiento de las pensiones sea una realidad, como lo ha sido siempre hasta ahora en nuestro país. O hacemos algo ya o la situación cada vez será peor. A partir de 2019, las pensiones perderán un 4% más de poder adquisitivo cada diez años.
Son necesarias soluciones al déficit y medidas que aseguren la calidad de vida de los pensionistas actuales y futuros porque, si no se pone remedio, las pensiones seguirán perdiendo poder adquisitivo. Los partidos políticos deben posibilitar que el sistema público de pensiones se financie, además de con cotizaciones, también con impuestos.
La Constitución Española, en su artículo 50, establece que “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Y eso no se está cumpliendo. Por segundo año consecutivo las pensiones han vuelto a sufrir recortes gracias a la reforma del PP. La subida ha sido de unos dos euros de media al mes (el famoso 0,25%) mientras que la inflación media de 2017 fue del 1,1% y la prevista para este año es de 1,5%. Esa subida del 0,25% supondrá al Gobierno un coste de 300 millones de euros mientras que solo por el “repago” farmacéutico (ya lo pagamos con nuestras cotizaciones) el Gobierno recauda más de 1.000 millones de euros de los propios pensionistas. ¿Es esto justo? ¿Puede un país como el nuestro aceptar esta situación?
Nos merecemos un sistema público de pensiones fuerte y solvente y desde UGT continuaremos con movilizaciones sostenidas en el tiempo hasta lograrlo. No es aceptable que diez millones de pensionistas vean año tras año cómo su poder adquisitivo mengua, cómo les cuesta cada vez más estirar la pensión para llegar a fin de mes, pensiones que en muchos casos se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Y el futuro no parece más halagüeño para los que vienen detrás. El nivel de riqueza de un país no se mide solo en cifras económicas, se mide también por las políticas de bienestar y apoyo social a los sectores más desfavorecidos y a los colectivos más vulnerables, como son los pensionistas. Que unos pocos naden en la abundancia mientras otros rozan la pobreza no es aceptable en una sociedad moderna como la nuestra.
Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A
@mc_castilla
