Aunque todos los que me leéis en esta ventana mensual que tengo para exponer mi visión de la economía esperáis siempre que hable de algún tema de actualidad de forma reflexionada, este mes me vais a permitir que sea distinto. Como aparece en mi filiación de esta columna, soy el Vicerrector de Postgrado de la Universidad Loyola Andalucía. Por ello, todo lo relativo al caso Cifuentes ha tocado de pleno en la línea de flotación de mis responsabilidades.
Lo primero que debo decir es que lo ocurrido en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y en el Instituto de Investigación sobre el que descansaba el Máster de Financiación Autonómica, debería ser algo excepcional. No sé si lo es. Pero debería. La normativa que nos regula a las instituciones que implementamos Másteres Universitarios, popularmente conocidos como Oficiales, es de 2007 y en el BOE se establecen todos los mecanismos de garantía para dar validez a un título que conduce, en muchos casos, hacia la habilitación de una profesión -véase, por ejemplo, el Máster Universitario de Abogacía, para ejercer la profesión de abogado- o cualquier otro que te adjudique el título de Máster y que te permite acceder, por ejemplo, a oposiciones públicas del Grupo A. Además de abrir la puerta para cursar el último escalón de la vida académica y que es el doctorado.
En estos días, muchos han sido los que me han preguntado por lo ocurrido en la URJC. Incluso algún alumno me inquirió sobre el asunto porque “su madre le había dicho si en Loyola podría ocurrir lo mismo”. El sistema te obliga a introducir las notas en una plataforma digital a la que accedes con tu clave personal. Después de introducir las calificaciones, te pregunta hasta en dos ocasiones, si estás seguro de las calificaciones introducidas y después de validar, en menos de 48 horas debes firmar, presencialmente, el acta en Secretaría. Este proceso suele enfadar a los profesores, por lo aparentemente arcaico que parece. Pero es garantista de que no se producen fallos. De hecho, si por error, detectas que te has equivocado en la calificación, debes realizar una diligencia a Secretaría General, aduciendo lo ocurrido y modificando “de tu puño y letra” el acta con la rectificación y con nueva firma. Ni siquiera voy a entrar en el registro de los Trabajos de Fin de Máster (TFM) que son custodiados por el Vicerrectorado desde su entrada por registro con firma del alumno y del director del mismo.
Por lo tanto, a todo lo que hemos asistido, ha sido realmente algo triste como académico que soy. Nos invalida frente a la Sociedad que deposita en nosotros la confianza de la formación superior. Pero si hay también algo grave es la ética, o su falta, que hemos observado tanto por algunos miembros de la Universidad y por algunos alumnos. Si esto ocurre solo para conseguir un título que adorne el CV del político de turno, ¿qué no puede estar ocurriendo en otra toma de decisiones? En muchos Másteres, sobre todo los profesionalizantes, se incluyen asignaturas de Ética de la profesión en particular. Nosotros en Loyola las incorporamos en todos los Másteres. Pero ni aún así, te garantiza que esto no termine ocurriendo con los estudiantes cuando salen al mercado laboral. De hecho, los alumnos suelen minusvalorar estas asignaturas. Son consideradas en muchos casos como “marías”.
Si algo bueno ha traído lo acontecido con el caso Cifuentes, es que me permite decirles a nuestros alumnos que esta parte de su formación es fundamental. Y que, si no se la toman en serio en su devenir profesional, las consecuencias pueden ser desastrosas. Cifuentes puede perder la Presidencia de la Comunidad de Madrid por prestarse “supuestamente” a exhibir en su CV un falso Máster -o al menos no realizado como marca la normativa- y no admitir el error. Siempre me acuerdo de que Al Capone acabó en la cárcel no por todo lo que hizo, sino por no pagar el IVA…
Manuel Alejandro Cardenete | Catedrático de Economía Vicerrector de Posgrado. Universidad Loyola Andalucía
@macarflo
