El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre ha revisado en dos décimas el crecimiento del PIB mundial, proyectándose ahora una tasa de crecimiento del 3,7%, dos décimas menos de lo señalado en abril. También se espera que esta expansión sea menos equilibrada, apuntando a que los riesgos para el crecimiento mundial han aumentado.
A la economía española le rebaja una décima, señalando ahora un aumento del PIB del 2,7% en este año (2018) y dejando el avance previsto para 2019 en el 2,2%. De este modo, el freno sería bastante más modesto que en otras economías europeas (Alemania y Francia), por lo que la economía nacional mantendría un ritmo de avance diferencial respecto al conjunto de la Zona Euro.
También en el mes de octubre, el Ejecutivo español revisó el cuadro macroeconómico con motivo de la aprobación del Consejo de Ministros del borrador del Plan Presupuestario para 2019. El principal aspecto del nuevo cuadro es la revisión levemente a la baja (en una décima) de la tasa de crecimiento del PIB (2,6% en 2018 y 2,3% en 2019). Esta corrección estaría explicada por un comportamiento menos favorable del sector exterior y por los cambios en las cifras de contabilidad nacional trimestral del INE, con una reducción de una décima en el crecimiento del primer trimestre de 2018. Además, esta percepción sería básicamente coincidente con las últimas estimaciones del Banco de España respecto a la aportación negativa de la demanda externa al PIB entre julio y septiembre.
En palabras de la Ministra de Economía, Sra. Calviño: “El Plan Presupuestario es responsable, realista y está alineado con los compromisos asumidos con nuestros socios europeos (prevé una reducción del déficit público en nueve décimas, hasta el 1,8% del PIB en 2019) enmarcándose en una política económica orientada a mejorar la vida de los ciudadanos”. En este sentido, aunque la creación de empleo ha permitido rebajar el paro, la tasa de desempleo española sigue siendo bastante superior a la de otras economías de nuestro entorno (5,3% en el promedio de la OCDE y 4,5% en el G-7). Asimismo, por cuestiones estructurales, nuestro mercado laboral es significativamente distinto al de otros países europeos, con una tasa más alta de temporalidad, con la consiguiente inestabilidad.
Precisamente, el último informe del FMI expone interesantes reflexiones acerca de su creencia sobre las dificultades más graves para muchas economías avanzadas. Estas tendrían que ver con el lento aumento de los ingresos de los trabajadores, la sensación de menor movilidad social y, en algunos países, la deficiente política de respuesta al cambio económico estructural. En este punto, se recuerda que el problema no es solo que el crecimiento a largo plazo de muchas economías avanzadas sea descendente, sino que ha ido parejo a un incremento de la desigualdad entre los segmentos más desfavorecidos y más prósperos de la sociedad.
Para combatir esta tendencia, el Fondo les recomienda a las autoridades económicas que adopten una perspectiva a largo plazo, con políticas más inclusivas, que prioricen la inversión en educación y el acceso seguro a una atención de salud adecuada. Asimismo, recuerda que unas redes de protección social más seguras pueden ayudar a los trabajadores a adaptarse a los shocks estructurales, provocados por la globalización, el cambio tecnológico o (en algunos países) el cambio climático.
Sin duda, estas recomendaciones resultan absolutamente consistentes con las propuestas de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados en septiembre de 2015 por Naciones Unidas, y que los 193 países firmantes -entre ellos el Gobierno de España (incluyendo a las administraciones regionales y locales)- se han comprometido a asumir y a implementar. De hecho, muchos de estos criterios ya estaban presentes en la Estrategia Europa 2020, que tiene como ejes prioritarios la educación y la innovación (“crecimiento inteligente”), las emisiones hipocarbónicas, la resiliencia ante el cambio climático y el impacto medioambiental (“crecimiento sostenible”) y la creación de empleo y reducción de la pobreza (“crecimiento integrador o inclusivo”).
Esta hoja de ruta debe servir para que las políticas económicas tengan presente el Desarrollo Sostenible en las decisiones, iniciativas y medidas que tomen los agentes. No solo las autoridades económicas, también empresas, universidades, centros de investigación, organizaciones y la ciudadanía, en general, implicados todos en el compromiso de liderar un proceso de cambio del modelo socioeconómico que compete al conjunto de la sociedad. l
Esperanza Nieto Lobo | Analistas Económicos de Andalucía 
