La contribución de la mujer en todos los ámbitos de la vida -remunerados o no-, y la magnitud de su aportación al desarrollo social y económico de las sociedades han sido deliberadamente ignoradas a lo largo de la Historia. Somos la fuerza laboral predominante en muchos casos, pero seguimos sufriendo la precariedad como característica más dramática.
El binomio mujer-precariedad no es un constructo sindical, lejos de ello, es una realidad tangible que refutan los datos y análisis sobre desempleo, salario, jornada y parcialidad. La ausencia de compromiso político ha impedido erradicar la precariedad y consolidar una salida más equitativa y justa de la crisis. Las reformas laborales, especialmente la de 2012, han originado un contexto basado en la pérdida de derechos laborales, en la explotación y en la pobreza social. La realidad del trabajo de la mujer está determinada en esa Ley por la ampliación del periodo de prueba, por la modificación del contrato a tiempo parcial, por el abaratamiento del despido, por la eliminación de la bonificación empresarial por maternidad, por la facilitación del descuelgue, por la ocultación de la discriminación en la clasificación profesional a través de áreas funcionales -antes categorías- y por la pérdida de la ultractividad de los convenios colectivos.
Los datos evidencian que la actividad laboral que desarrollamos las mujeres suele ser menospreciada, con salarios y condiciones laborales más precarias. La brecha salarial entre mujeres y hombres en Andalucía se sitúa en el 23,2%. Las mujeres cobramos casi 4.000 euros menos que los hombres y resulta especialmente sangrante en el sector financiero, donde las diferencias superan los 12.000 euros.
Es una forma de agresión, es violencia económica que una de cada dos mujeres tengamos rentas salariales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional y, para agravar aún más esta injusticia, los recortes en derechos, en sanidad, en educación y en dependencia por parte de los gobiernos, han tenido como consecuencia que las tareas de atención y cuidados dentro de la esfera familiar recaigan principalmente y de nuevo en las mujeres, lo que desencadena reducciones de jornada y renuncias al puesto de trabajo, comprometiendo nuestra promoción laboral. La Ley de Dependencia fue una propuesta de CCOO en la mesa del Pacto de Toledo y su objetivo era, entre otros, reconocer los cuidados como actividad laboral, extrayéndolos del ámbito doméstico para transformarlos en un empleo remunerado.
El diálogo social es fundamental, y CCOO así lo reivindica, para cambiar las políticas que perpetúan la desigualdad y las injusticias y consideramos que es el tiempo de sentarse y cambiar aquellos elementos de la reforma laboral que han de ser superados para revertir los efectos que condenan la vida de las mujeres trabajadoras. La negociación colectiva, por otro lado, será clave para construir unas relaciones laborales más democráticas, donde se respeten y reconozcan los derechos de las mujeres, su independencia económica y su libertad. Es hora de negociar planes de igualdad en todo el tejido productivo y las patronales muy especialmente deben asumir su responsabilidad.
La precariedad durante la vida laboral y la pobreza después como pensionista, tiene rostro de mujer y ambas realidades son consecuencia de una violencia económica ejercida o consentida por gobiernos y empresariado. CCOO propone empezar a concretar los cambios promoviendo la igualdad salarial, revisando los complementos con perspectiva de género, despenalizando la maternidad, aumentando los recursos que mejoren la conciliación de la vida laboral y personal, equiparando los permisos para transitar hacia la corresponsabilidad y recuperando vigor en los servicios públicos. Solo así frenamos las consecuencias de la violencia económica contra las mujeres y lograremos construir una sociedad más justa e igualitaria, más libre y más feminista.
Nuria López | Secretaria General de CCOO-A 
@nurialomar
