En diciembre de 2018 se conmemoran 40 años de la promulgación de la Constitución española. 40 años de democracia en los que el movimiento obrero organizado, primero en la lucha clandestina contra la dictadura y luego legalizado, ha jugado un papel decisivo en la consolidación de los derechos y libertades para la clase trabajadora. “El dictador murió en la cama pero la democracia se ganó en la calle”, con el tesón del movimiento sindical de clase, de las mujeres y hombres de aquellas jóvenes CCOO.
No compartimos las revisiones históricas que desde algunas posiciones se hacen, diciendo que la Constitución fue un pacto de alfombra y palacio. Estas afirmaciones obvian la conflictividad laboral extrema que se dio en España desde principios de los setenta y hasta mediados de los ochenta. Años en los se contabilizaron millones de horas de trabajo perdidas por huelgas y en los que muchas compañeras y compañeros vieron la muerte como consecuencia de la represión política y sindical. La dictadura se resistía a morir ante las ansias de libertad de la clase trabajadora. Las CCOO tenemos memoria porque nuestra gente estuvo allí y sufrieron destierros, listas negras, cárcel, torturas y muerte. Por eso, nos reconocemos en la Constitución de 1978 como el mayor logro colectivo que, con solo 40 años de recorrido, ha conseguido encauzar el mayor periodo democrático de toda nuestra Historia.
La Constitución dejaba atrás 40 años de dictadura -a pesar del intento de ruptura de 1981- y permitía consolidar un ‘Estado social y democrático de derecho’ con unos niveles de bienestar asimilables a los de los países de nuestro entorno. La definición de ‘social’ evoca un poder transformador que, con la participación y cogestión de la representación colectiva de las personas trabajadoras, abre una posibilidad a la superación gradual del capitalismo, debilitando la direccionalidad empresarial y estableciendo contrapesos democráticos. En la fórmula de ‘Estado Social’ se consigna la presencia de los sindicatos, de la negociación colectiva y de la huelga, junto a un sistema público de protección social que ha de responder a situaciones de carencia y necesidad de las personas. Durante estos años de crisis, se ha promovido desde el poder legislativo la individualización de las relaciones laborales y la paralización de la negociación colectiva. Las desigualdades se han acrecentado, tanto en el empleo como en los salarios, y la situación de precariedad resultante ha producido un retroceso en el ejercicio de los derechos fundamentales. Este contexto de pobreza laboral obliga a configurar un nuevo Estatuto de los trabajadores y de las trabajadoras, que deje de ser una mera ley de contratos y que incorpore en plenitud los derechos fundamentales a las relaciones laborales.
Ernest Wigforss, ministro sueco, dijo que la democracia no podía detenerse a las puertas de las fábricas y Marcelino Camacho, de quien hemos conmemorado 100 años de su nacimiento, nos recordaba que eso precisamente ocurría en España: conquistábamos la libertad pero la democracia se detenía ante los centros de trabajo. Por ello, sería pertinente explorar las posibilidades de democratizar la economía promoviendo una mayor participación de las personas trabajadoras, insertándolas en la toma de decisiones y permitiendo en parte la recuperación colectiva de los beneficios obtenidos en el proceso de producción. Así, se fomentaría la distribución de la riqueza evitando la excesiva concentración de capital en una élite. Una mayor democracia económica posibilitaría que los beneficios se reinvirtieran en las empresas en mayor medida, generando un mayor valor productivo, más empleo y más inversión en I+D+i. Además, el control de los beneficios evitarían un trasvase de éstos hacia la economía especulativa y la participación de la clase trabajadora en los procesos de toma de decisiones limitaría el autoritarismo antidemocrático que ejerce el capital.
En el 40 aniversario de nuestra Constitución, reivindicar que la democracia entre en las empresas es hacer compatible el incremento de la riqueza individual con un reparto profundo de la riqueza en términos colectivos. Es perfectamente posible y es, además, necesario si aspiramos a construir una sociedad más democrática, más justa, más equitativa y más libre.
Nuria López | Secretaria General de CCOO-A 
@nurialomar
