Concluye un año complicado, desde el punto de vista agronómico, donde hizo su aparición la necesaria lluvia, contribuyendo a paliar el déficit hídrico que sufría nuestra comunidad autónoma, aunque de forma un tanto atípica, alterando y dificultando la planificación de las distintas campañas. De hecho, la mayoría de los cultivos sufrió retrasos en sus siembras y recolecciones.
2018 fue el año en que confirmamos que la anterior reforma de la PAC recortó 1.000 millones a Andalucía, perjudicando especialmente a nuestra comunidad autónoma, frente a otras que incrementaron o mantuvieron sus presupuestos. Esta organización agraria recuerda que Andalucía, con un 57% de población viviendo en el medio rural; con 250.000 explotaciones agrarias; con un valor de la producción de más de 12.000 millones de euros; generando casi el 30% del empleo agrario por cuenta propia y el 60% por cuenta ajena de España; por la diversidad y calidad de sus producciones; por el reconocimiento en los mercados, y por ser la principal región agraria de Europa, no puede volver a ser la gran perjudicada por intereses políticos o privados. En este sentido, es imprescindible que en la PAC 2021-2027, y en su correspondiente aplicación a nuestro país, haya un cambio de rumbo para reparar el agravio cometido y priorizar el modelo social y profesional mayoritario.
Europa tampoco puede seguir consintiendo la competencia desleal en las importaciones agrarias de terceros países y debe vigilar que se cumpla el contenido de los acuerdos en cuanto a precios de entrada, calendarios y cupos. No puede dejar las competencias de verificación y control de los acuerdos en manos de la actuación más o menos arbitraria de los diferentes Estados miembros.
En el año que se ha cerrado quedó pendiente la aprobación de la Ley de Agricultura, una norma necesaria para ordenar los recursos y fijar objetivos como el fomento del relevo generacional, la mejora de las estructuras o la comercialización de los productos agrarios, situando en el centro de las políticas públicas a los profesionales que tienen en la actividad agraria su medio fundamental de vida. Una Ley que también debe avanzar en la simplificación administrativa, eliminando los múltiples trámites innecesarios, e imponiendo a la administración, igual que a los agricultores y ganaderos, unos plazos ineludibles para resolver los procedimientos. Veremos si el nuevo gobierno decide seguir adelante con esta propuesta legislativa.
De cara a 2019, uno de los objetivos debe ser el adecuado reconocimiento a la apuesta por la calidad que se hace desde Andalucía. Un reconocimiento que pasa por la correcta identificación, donde el origen se especifique de manera obligatoria, y por una remuneración justa de esta calidad. No podemos seguir produciendo sin precio, mientras la especulación nos expolia y los costes de la energía, el gasóleo o los fertilizantes nos asfixian, sin que las autoridades de competencia intervengan para evitar los oligopolios o los pactos más o menos tácitos entre los grandes.
Hay que seguir avanzando en la legislación que regula las prácticas desleales como la venta a pérdidas, y también caminar hacia una transición en el modelo energético, aprovechando los recursos de los que disponemos, para que se pongan al servicio del interés general y repercutan sobre la generación de economía y empleo en el medio rural, contribuyendo a evitar el despoblamiento, a vertebrar el territorio y a la sostenibilidad medioambiental.
Miguel López 
Secretario General de COAG Andalucía
Artículo incluido en el número de enero de la revista Agenda de la Empresa
