La Organización Internacional del Trabajo (OIT), tiene una amplia definición del Diálogo Social que refleja la extensa variedad de procesos y prácticas que se encuentran en los distintos países. Según esta definición, el Diálogo Social comprende todo tipo de negociaciones y consultas entre el Gobierno, los empresarios y los representantes de los trabajadores, sobre cuestiones de interés común relativos a políticas socio-económicas.
Por tanto, impulsar el Diálogo Social es una cuestión estratégica para el desarrollo económico y social de un territorio.
Estratégica en cuanto que permite de forma dialogada construir un consenso y lograr la implicación y la participación democrática de los principales actores sociales (empresariales y sindicales), todo ello, para el logro de un intangible, que solo se echa de menos cuando falta, como es la paz social.
En muchas ocasiones se olvidan los episodios violentos que se suceden en sociedades, incluso en algunos casos y teóricamente con altos niveles de bienestar socioeconómico, pero que ante la irrupción de un conflicto no tienen instrumentos que faciliten el diálogo. Véase, por ejemplo, la crisis de los “chalecos amarillos” en Francia, en la que el conflicto social se convirtió en un grave problema de orden público que derivó en cuatro fallecidos, 263 heridos, centenares de detenidos, con coches y edificios arrasados en pleno centro de París.
En el caso contrario, tenemos la primavera árabe de Túnez, en la que gracias al Diálogo Social se logró una transformación política y social que quizás aún no esté terminada, pero que ha dado lugar a una importante reforma constitucional evitando, al menos hasta ahora, una violencia generalizada. El concurso de la sociedad civil en ese consenso político y social a través del diálogo social, le valió a las organizaciones participes del mismo el Premio Nobel de la Paz del año 2015.
Para hacer efectivo ese diálogo se necesitó, y se necesita siempre, de la participación del Estado, el Gobierno o la Administración, según como se articule esa participación.
A tal fin es responsabilidad de la Administración crear un clima político, cívico y social que permita dotar de credibilidad e independencia a las organizaciones concernidas en ese diálogo. Reconocer su legitimidad y, en la medida de lo posible, ejecutar y hacer ejecutar lo efectivamente acordado.
Se trata no solo de articular un reconocimiento legal para el proceso y sus partícipes, que en el caso de España y Andalucía ya existe, sino de hacer efectivo ese reconocimiento generando el marco jurídico, económico e institucional necesario.
En todo ello, es evidente que las organizaciones empresariales tenemos que asumir una alta responsabilidad. El ejercicio de nuestra representatividad no es solo un derecho, es también una obligación.
Una obligación que tiene como objetivo la consecución del bien común y, como forma y base para su desarrollo el diálogo y el consenso desde la más absoluta independencia y con la única servidumbre de la búsqueda del interés general.
Todas las políticas que se despliegan en un territorio son susceptibles de facultar o dificultar la actividad económica o el empleo. Por eso, el diálogo social no es algo que pueda agotarse en un único centro directivo, sino que se debe extender al conjunto de las políticas y estar siempre liderado y comprometido por parte de la máxima institución de gobierno en cada territorio.
No debemos olvidar nunca que los procesos de Diálogo Social contribuyen a solucionar importantes problemas económicos y sociales, alientan el buen gobierno, mejoran la paz y la estabilidad social y laboral, facilitan el acuerdo, y además impulsan el progreso económico de las sociedades en las que se implanta.
Resulta primordial formular políticas laborales acertadas, en materia de educación y formación, con correctas políticas activas de empleo, intentando mejorar la empleabilidad y la calidad de los Recursos Humanos, a la vez que, a través de la Negociación Colectiva en Andalucía, seguir creando unas condiciones de trabajo cada vez más equilibradas.
Por todo esto, creemos y asumimos ese compromiso por el diálogo. Esperamos que el Gobierno Andaluz lo siga haciendo suyo, al igual que el conjunto de la sociedad, especialmente los medios de comunicación social.
Valoramos la experiencia de muchos territorios, de muchas realidades sociopolíticas que han hecho del Diálogo Social su mayor patrimonio.
Un diálogo que se desarrolla no solo dentro de nuestras fronteras, sino también fuera; y no solo bajo las siglas de una formación política, sino bajo la firma de muchas de ellas, incluso de signos ideológicos contrapuestos, pero que coinciden en esta realidad política y social.
Impulsar el Diálogo Social es impulsar el desarrollo y el bienestar de un territorio, por lo que resulta una obligación ineludible en una sociedad abierta, democrática y plural.
Javier González de Lara 
Presidente de CEA
