La Asociación de Laboratorios Acreditados de Andalucía (ALAA) denuncia la disparidad y diversidad de criterios que mantienen la Junta de Andalucía a la hora de acreditar los agentes controladores de la calidad.
Esta patronal, que engloba a los laboratorios de control de calidad, únicos agentes acreditados según establece la LOE y que aglutina a más del 80% de los laboratorios acreditados en Andalucía, quiere evidenciar la falta de criterios uniformes que establece la Consejería de Obras Públicas y Transportes así como los requisitos adicionales no exigidos en ninguna otra comunidad autónoma para formular las acreditaciones, ya que existen una serie de exigencias en Andalucía, como la necesidad de colegiación por parte de los técnicos de los laboratorios, el visado de las actas de resultados de ensayos, que no son necesarias para el control de calidad de edificaciones en otras comunidades autónomas.
Tales exigencias no se corresponden con una mejora de la calidad de las obras, al tiempo que están produciendo disparidad de criterios que favorecen el intrusismo por parte de otros agentes de calidad no acreditados, perjudicando al sector y, más concretamente, a aquellos que trabajan en que la calidad de las edificaciones sea un hecho evidenciable.
Otra cuestión a destacar dentro del sector es una política de precios a la baja en detrimento de la calidad de las obras (como dato significativo hay que destacar que en algunos ensayos los precios están inamovibles desde hace 15 años e incluso más bajos). Según Álvaro Atalaya, gerente de ALAA, “el ‘buen control’ exige un número de testeos que tienen un determinado coste, y a un precio inferior no se garantiza un estricto cumplimiento de las funciones”, con lo que no se deben buscar falsas economías en los ensayos. “El control bien hecho tiene unos costes que hay que pagar y los precios muy bajos suelen enmascarar déficit de control, amenazas a la calidad y aumento de riesgo”, concluyó. No hay que olvidar que de los últimos concursos de la administración pública en nuestra comunidad, estas se han adjudicado a empresas que han ido a bajas por encima del 12 % sobre los precios de licitación.
La experiencia muestra diversos factores que dificultan la consecución de la calidad deseable por defectos de planteamiento y la práctica del control. A todo esto hay que sumarle la situación de indefensión en la que encuentran los laboratorios acreditados de cara a la Administración Pública, “la cual no actúa para poner fin a esta situación de anomalías, ni desarrolla su papel en el seguimiento y actuación de las obras, ni en la corrección de prácticas que no se ajustan a las condiciones adecuadas”, indicó Atalaya.
