A mediados del pasado mes de enero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inició un período de consulta pública -prolongado hasta el 14 de este mes- para “la modificación de determinadas recomendaciones del Código de Buen Gobierno”.
El actual código, que viene de 2006, tiene cuatro años de vigencia -fue actualizado en 2015- y muchas de sus recomendaciones se incorporaron a la Ley de Sociedades de Capital. Desde entonces, y según la Comisión, “se ha puesto de manifiesto la conveniencia de modificar algunas de sus recomendaciones para adaptarlas a los cambios legales producidos desde 2015 o dotarlas de mayor concreción y claridad”.
Entre ellas, destaca la puesta al día de la recomendación número cuatro, relativa a la comunicación. Se trata de que las cotizadas “definan una política general relativa a la comunicación de información económico-financiera y corporativa, en un contexto de creciente importancia de la difusión de la información y en el que se han multiplicado los canales utilizados al respecto, sin perjuicio de su deber de cumplir las obligaciones de información privilegiada y otro tipo de información regulada”.
La modificación en sí propone que la sociedad (la compañía, la empresa) “defina y promueva una política relativa a la comunicación y contactos con accionistas e inversores institucionales en el marco de su implicación en la sociedad (a la que pertenecemos y en la que vivimos)…” mirando hacia los medios online y especialmente de los medios (redes) sociales.
En efecto, el uso de las redes ha crecido de una manera destacada entre los directivos de primer nivel de las principales compañías españolas, lo que en sí mismo es un “hecho relevante”.
Según el último informe de Estudio de Comunicación sobre la presencia de las empresas del Ibex en el entorno digital, el 34 por ciento de los presidentes y el 44 por ciento de los CEO están presentes en LinkedIn, frente al 23 y 17 por ciento respectivamente en Twitter. Como los datos se encuentran disponibles en la web de la agencia, no resulta de mucho más interés aquí desgranar la estadística del informe, al que no obstante recomiendo leer por su interés.
La interpretación de algunos medios a la modificación de esta recomendación en particular se vincula al tuit de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, respecto a un acuerdo suscrito con LetterOne en la negociación con DIA tras realizar unas declaraciones públicas que levantaron expectativas y dudas en torno al proceso. De hecho, la Comisión investigó el asunto, pero desestimó actuación contra la presidenta al no tener base para abrir un “procedimiento sancionador”.
En cualquier caso, siempre hay un motivo o un “detonante” para avanzar en los procesos. La modificación de esta recomendación es más que oportuna. Es necesaria y no solo debería de ser aplicable a las cotizadas -por razones evidentes- sino como principio de conducta en la actividad de las empresas. Esto, por supuesto (1), tiene que ver con la ética de los directivos -y el papel de los directores de comunicación- para trabajar día a día en la mejora general de la economía y la sociedad. Esto, por supuesto (2), tiene que ver con los hechos y no con las palabras. En unos tiempos en el que necesitamos que recuperen su valor original.
Francisco J. Bocero 
Gerente de Dircom Andalucía
