Tras completar el trámite parlamentario, el objetivo de déficit en 2020 para el conjunto de las Administraciones Públicas queda fijado en el 1,8% del PIB. Por subsectores, el límite de la Administración Central es del 0,5%; para las Comunidades Autónomas del 0,2%; para la Seguridad Social el 1,1%; y equilibrio presupuestario para las Entidades Locales.
Con esta distribución, el mayor esfuerzo fiscal recae en la Administración Central, que reducirá su déficit desde el 1,32% registrado en 2018, al 0,5% en 2020. Es decir, una rebaja de ocho décimas en dos ejercicios. Por su parte, la Seguridad Social tiene que reducir su déficit del 1,44% al 1,1%, lo que implica una disminución de tres décimas. Sin embargo, el esfuerzo exigido a las Comunidades Autónomas es menor, de apenas una décima.
Por su parte, la senda de estabilidad del período 2021-2023 establece un déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas del 1,5% en 2021; del 1,2% en 2022; y del 0,9% en 2023.
