La discusión y aprobación del presupuesto de la Unión Europea es un asunto trascendental para España y la propia Unión. Es crítico porque, como se rige por previsiones financieras multianuales, nos la jugamos en una negociación cada siete años. Se suele simplificar el debate en el saldo financiero de cada uno de los estados miembros y particularmente del nuestro. Pero su importancia desborda los números porque se trata de un debate de políticas y objetivos. Tiene de fondo el modelo de Unión Europea con el que, al lento ritmo de los cambios en UE, nos queremos adaptar a estos tiempos de incertidumbre que desafían nuestra posición en el mundo.
España ha sido desde su adhesión un receptor neto en el equilibrio de los fondos comunitarios. Entre nuestras contribuciones presupuestarias y lo que recibimos en virtud de las políticas de la Unión, el saldo ha sido siempre positivo. En los datos sobre el período 2014-2018 que pertenecen al marco 2014-2020 y que presenta el cuadro se aprecian cuatro mil millones de euros de saldo favorable a España y la importancia de los retornes que recibimos por las políticas de cohesión y de la PAC.
El análisis de las partidas presupuestarias ofrece mucha información. La letra pequeña de la técnica presupuestaria ha ofrecido soluciones ingeniosas a la necesidad de cuadrar negociaciones entre tanto socio. Desde el famoso cheque británico, a las otras excepciones para contribuyentes netos como Suecia, Austria, Países Bajos o Alemania. O desde la compensación del 25% de los gastos de recaudación de los aranceles que son recursos propios de la UE, a la inspirada creación del fondo de cohesión dentro de los fondos estructurales en los tiempos de la creación de la UEM.
Las cifras dependen mucho del tamaño de los países y las conclusiones cambian mucho en términos absolutos y relativos. Que España haya sido hasta ahora país receptor neto de fondos es lógico, pero va a ser más difícil jugar a serlo en esta nueva planificación presupuestaria.
El contrato de fondo en la UE respalda la figura de los contribuyentes y receptores netos. Los países que, siendo menos competitivos, renuncian a todos los mecanismos que protegen a sus agentes económicos, aceptan la mayor competitividad de los agentes de otros países y que estos saquen mejores beneficios del mercado único y de la unión monetaria. A cambio, las políticas y presupuestos de la Unión se centran en la promoción de acciones conjuntas y en el fomento de la cohesión e igualdad entre países y regiones. No por estricta compensación, sino porque una UE con todos sus socios florecientes y equilibrados y próspera va en beneficio de todos y del poder del bloque como actor global. Si el argumento parece retórico, se puede expresar en números e intereses. Simplificando, lo que países contribuyentes netos ganan en sus saldos comerciales con los socios menos ricos de la UE, supera con creces el saldo presupuestario favorable de los países que reciben más de lo que pagan en el presupuesto comunitario. Aunque la crisis ha amortiguado la distancia, España está más cerca de los niveles de desarrollo de los países más ricos de la UE que de los nuevos socios. Por eso, nuestro saldo favorable tiene fecha de caducidad.
El problema es que los argumentos en torno a la transformación del presupuesto comunitario para favorecer las imprescindibles acciones europeas que deben promover la productividad, competitividad y desarrollo tecnológico, se presentan a costa de reducir los instrumentos de cohesión económica entre los socios de la Unión. Es un escenario presupuestario que no ha hecho más que encogerse desde la adhesión de los nuevos estados miembros. Nunca tantos socios, y tan alejados de la renta media de la UE, entraron en la Unión. Desde 2000, el esfuerzo presupuestario de la UE no solo no creció, sino que se redujo.
Pasamos del tope presupuestario del 1,27% sobre la RNB de toda la UE o de cada uno de sus estados antes de la adhesión, a las cifras en torno al 1% de la RNB europea que se maneja a hoy como límite para los próximos años. Más necesidades para sostener el contrato, menos fondos. No parece razonable que la oportunidad del Green New Deal europea se haga a costa de la cohesión. Las nuevas políticas que deben poner a la UE en cabeza de la I+D no pueden ser ajenas a la clave de la cohesión en su instrumentación. Menos en tiempos en los que demandamos una política fiscal más activa de aquellos que tienen margen de endeudamiento y cierta obligación de liderar los cambios.
Nuestra pertenencia a la Unión Europea es un factor crítico en la España contemporánea. Y lo es por elementos que van mucho más allá de los saldos financieros. Haríamos mal en centrar el debate solo en esos, por muy importante que sea esa financiación adicional para nuestros actores económicos o nuestras comunidades autónomas. Apostar por la innovación y la competitividad sin abandonar la importancia de lo rural y de los mecanismos de cohesión territorial y social en una Europa incluyente es, sin embargo, un objetivo sobre el que merece la pena discutir y buscar aliados.
Pedro Caldentey 
Director del Departamento de Economía
Universidad Loyola Andalucía
