El portavoz de Economía del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, José Enrique Fernández de Moya, advirtió hoy que “la recaudación del IVA no puede ser una excusa para crear diferencias entre Comunidades Autónomas”. En concreto, el portavoz popular se refirió cesión del IVA en fase minorista – IVA recaudado en las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas por comerciantes minoristas-.

A su juicio se trata de un tema “que desde hace tiempo se ve como una operación compleja, que tiene difícil encaje en el Derecho Comunitario, y no debe abordarse con precipitación, ni tratarse como un globo sonda del PSOE, ya que el conjunto de la sociedad andaluza se vería afectada”.

La cesión del IVA en su fase minorista, que es el impuesto ingresado en Hacienda por el comerciante minorista, conlleva que los ingresos de cada Comunidad Autónoma no dependerían sólo del precio del producto o del servicio que se presta por parte de los comerciantes, sino del valor añadido que se genera en su fase minorista. En aquellas Comunidades Autónomas donde el resultado de la operación comercial sea mayor, se percibirían más ingresos en concepto de IVA.

Pero en otro supuesto, que es el caso del IVA en fase minorista referido al impuesto repercutido en esta fase, los ingresos de cada Comunidad Autónoma sí dependerían sólo de la recepción final de bienes y servicios, que se tendría en cuenta en el precio total de dichos bienes y servicios.

Hablamos de que el gravamen repercuta sobre el comerciante minorista, en el primer caso, o sobre el consumidor, en el segundo.

Fernández de Moya ha advertido que “hay que tener en cuenta la técnica de recaudación del IVA y el hecho de que las empresas que intervienen a lo largo del proceso productivo puedan tener su domicilio fiscal en distintas Comunidades. De este modo no se podría vincular la recaudación territorial del IVA con el valor añadido en cada Comunidad Autónoma o con el consumo final realizado en la misma”.

Según el Portavoz de Economía del Grupo Popular, “no se puede ceder a una Comunidad un impuesto que fuera trasladable a otra Comunidad, que es lo que sucedería si se cediese el IVA en fase fabricante o mayorista, ya que la fase minorista es la única que soportarán en todo caso los consumidores de un determinado territorio. La posible cesión de este tributo tenía que limitarse obligatoriamente a la comunidad, lo que no significa que con esa limitación queden solucionados, ni mucho menos, los problemas técnicos que plantea la repetida cesión, pues, en particular, habrá que tener en cuenta si las cantidades cedidas a cada comunidad, deben o no quedar vinculadas a la recaudación efectivamente obtenida en su territorio”.

Fernández de Moya aseguró que “es inviable que se ponga en marcha cualquier medida que suponga un desequilibrio económico entre comunidades autónomas” y añadió que “en nuestro esquema constitucional y en el contexto de la Unión Europea no tiene cabida una medida que sirva precisamente de apoyo para utilizar el IVA como un instrumento público de creación de diferencias cuando todos conocemos su tendencia a igualación de tipos y a la unificación del mercado”.

El dirigente popular considera “extremadamente peligrosa la opinión según la cual en materia de imposición del IVA en fase minorista el ámbito territorial de un mercado sería coincidente con el de una Comunidad Autónoma”.