La crisis sanitaria del COVID-19 y sus repercusiones alterarán la realidad tal y como la concebíamos. El mundo ha cambiado y las viejas recetas neoliberales son un obstáculo para la recomposición de nuestra sociedad en términos económicos, laborales y sociales. De entre las enseñanzas que esta crisis nos lega, encontramos que el principal valor que asiste a los países en la lucha contra el coronavirus son la calidad y fortaleza de sus servicios públicos en su más amplia expresión. Hablamos de la sanidad, por supuesto, pero también de la educación y del sistema de protección y seguridad social. Nuestros servicios públicos son la principal garantía democrática para reducir las brechas de desigualdad, la mejor vacuna para resolver los problemas derivados de la gestión política de la crisis económica de 2008 y nuestro mejor baluarte para salir lo mejor posible de la crisis actual, protegiendo a las personas más vulnerables para que nadie quede atrás.
La recuperación tras la pandemia nos impone, a su vez, algunas asignaturas pendientes generadas durante la última crisis económica que han de comprometer a los gobiernos a una agenda social específica que luche contra la precariedad laboral y las discriminaciones que sufren las mujeres. Sin dejar de reconocer que las medidas puestas en marcha por el Gobierno a través del RD-Ley 11/2020 están bien orientadas, estas se hacen insuficientes.
En Andalucía, la temporalidad de las mujeres es superior al 36% y, aunque algunas de ellas podrán acceder al subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal, discriminará a muchas cuyo contrato sea de una duración inferior a dos meses. Cabe recordar que en 2019, 907.179 de los contratos realizados a mujeres duraron menos de un mes. No podemos olvidar que mientras dure la crisis sanitaria y la paralización de la actividad, las trabajadoras cargarán además con la brecha salarial que supone cobrar de media un 23% menos con respecto a los hombres. Ello supone tener que intentar sobrevivir con un 70% del sueldo cuando más del 52% de las mujeres percibe rentas por debajo del salario mínimo interprofesional, cuando un 63% se ven obligadas a aceptar un contrato a tiempo parcial y cuando el 90% de las reducciones por cuidados, con la consiguiente pérdida económica, continúan asumiéndolas ellas. Y no podemos olvidar los abusos de la economía irregular, que excluye a muchas familias de la cobertura del ERTE y a las que habrá que dar una respuesta urgente, máxime cuando muchos hogares solo cuentan con el salario de las mujeres.
La economía se ha sostenido sobre las tareas de cuidados de las mujeres, infravaloradas incluso cuando estas se desarrollan laboralmente. Ahora toca arrimar el hombro. El empresariado debe sumar también su esfuerzo -la sociedad no entendería que no fuera así- facilitando el acuerdo de planes de igualdad en sus empresas y alcanzando consensos en el marco de la negociación colectiva que dignifiquen las condiciones de trabajo de las mujeres. El Gobierno andaluz, por su parte, debe tomarse en serio el Diálogo Social y renunciar de una vez para siempre a las políticas de recorte, desmantelamiento y privatización de lo público, y debe empezar cuanto antes a hacer uso de los instrumentos para la recaudación fiscal que tiene a su alcance. Solo con los recursos económicos suficientes y con una reforma fiscal progresiva podrán fortalecerse los servicios públicos y prepararnos mejor para los retos de futuro.
El aplauso al esfuerzo colectivo de las personas trabajadoras ha de materializarse revirtiendo recortes, extendiendo derechos y con condiciones laborales dignas para las mujeres trabajadoras, para que los costes de la pandemia no la paguen las personas más vulnerables y sus familias.
Nuria López 
Secretaria General de CCOO-A
