Esta conjunción de la economía con la política, que como el agua y el aceite no deben mezclarse, ha terminado por provocar una de las situaciones más críticas de la reciente historia de éxitos de la caja catalana, que ve como su hasta ahora envidiado modelo de desarrollo (1.800 sucursales bancarias en Cataluña y 3.000 en el resto de España, así como la creación del mayor grupo industrial español en pocos años) se cuestiona tanto en Cataluña por los partidos nacionalistas, como en el resto de España por el PP y por algunos sectores del PSOE.
Los nacionalistas, como pidió el pasado jueves a Freixenet el consejero de ERC Josep Bargalló, les sugieren buscar otros mercados fuera del resto de España, lo que a los gestores de La Caixa les parece un disparate. Y los partidos nacionales, sobre todo el PP, les acusan de querer trasladar a su región los centros de decisión de los principales sectores económicos, en detrimento de Madrid y en beneficio de Cataluña, lo que también les parece un desenfoque total.
Bajo estos parámetros la situación de La Caixa con la opa no deja de ser delicada y puede tornarse en muy peligrosa por su coincidencia con el debate del Estatuto catalán y la campaña de boicot a productos catalanes.