En la situación excepcional y dramática que estamos viviendo con el coronavirus, el Gobierno ha reconocido la importante labor que realizan las asesorías. No solo importante, sino esencial para la economía del país.
Así lo demuestra el hecho de que las asesorías legales estuviesen incluidas entre los servicios considerados esenciales por el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
Este permiso retribuido recuperable se aplicó como algo excepcional para tratar de minimizar el impacto negativo de la situación económica en empresas y trabajadores durante el estado de alarma, a la vez que reducía la movilidad de la población durante unos días con el fin de contener el contagio del virus.
En esta norma se estableció que quedaban exceptuados del ámbito de aplicación “las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo” del mismo, en el cual se mencionaba expresamente a las personas “que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados sociales”.
Las asesorías fiscales deben entenderse incluidas dentro del concepto general de asesorías legales, ya que las normas fiscales y tributarias son normas legales y forman parte del ordenamiento jurídico. En este sentido, el trabajo que realizan las asesorías no es solo de “asesoramiento” sino también de “tramitación”, permitiendo así que las empresas (ya sean autónomos, profesionales, pymes…) dediquen todas sus energías a lo que es el objeto de su actividad, dejando en manos de los profesionales el cumplimiento de sus obligaciones formales y materiales con la Hacienda pública, la Seguridad Social o cualquier otro órgano de la Administración.
Otro aspecto que debemos destacar es la importante labor en la interpretación y correcta aplicación de las normas. En esta situación de estado de alarma que estamos viviendo asistimos casi a diario a un constante anuncio de nuevas normas, resoluciones, órdenes, recomendaciones… seguidas de la publicación de normas tanto en el BOE como en los Boletines Oficiales de las distintas comunidades autónomas. Conviene recordar que ni las ruedas de prensa ni las notas de prensa del Gobierno o de los Ministerios son normas jurídicas ni fuentes del Derecho. Solo las normas aprobadas y publicadas en los Boletines Oficiales pueden considerarse como tales, y muchas veces hay matices y requisitos importantes que los políticos no mencionan en sus ruedas de prensa.
En definitiva, es evidente que las asesorías y despachos realizan una labor esencial para la economía y la productividad de un país, a la vez que es esencial para el desarrollo eficiente de la propia Administración, en la medida en que se le facilita a ésta última multitud de trámites y gestiones que en muchas ocasiones el propio empresario no alcanzaría a realizar por sí solo, a la vez que la Administración necesitaría muchos más recursos para realizar por sí sola.
Sería deseable que esta labor esencial de los despachos y asesorías se valorase por la Administración como realmente merece, y sus opiniones y criterios se tuviesen en cuenta a la hora de tomar decisiones que afectan a todos los ciudadanos, no solo en la situación de crisis que estamos viviendo actualmente sino también en tiempos de actividad normal. No en vano tenemos que seguir pagando impuestos para que el país siga funcionando…
Mercedes Sampedro 
Abogada. Directora de AFACA
LinkedIn: Mercedessampedrocristobal
