La cumbre de la Unión Europea (UE) sobre su plan de recuperación continuará este lunes (20.07.2020) a las 16H00 GMT, y va camino de convertirse así en la más larga después de la de Niza en 2000.

Los 27 mandatarios intentan desde el viernes fijar el volumen final de su plan de 750.000 millones de euros (840.000 millones de dólares) para superar los estragos del coronavirus y que la Comisión Europea tomará prestado en nombre de la UE.

Los cuatro países “frugales” adeptos del rigor fiscal (Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, a los que se sumó Finlandia) reclaman no obstante reducir el medio billón de euros en subvenciones previsto inicialmente, junto a los préstamos.

Según diversas fuentes diplomáticas y europeas, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han elevado la presión sobre Países Bajos y Austria, acusándoles de “instrumentalizar” la negociación sobre el fondo europeo para bloquear cualquier posible avance.

En concreto, la mayoría de los líderes acusan a La Haya y Viena de utilizar el debate sobre vincular los fondos europeos al respeto del Estado de derecho, algo que irrita a socios del Este como Hungría y Polonia, para cerrar el paso a progresos sobre el tamaño del plan de recuperación.

Varias fuentes diplomáticas han lanzado este mensaje de manera coordinada en un intento por reaccionar a la falta de claridad en los debates por parte de los países del Norte (Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia).

Las mismas fuentes comunican que Finlandia, Dinamarca y Suecia tienen una posición más flexible y están “dispuestos a dar un paso adelante”. Por contra, Países Bajos y Austria, utilizan la controversia sobre el Estado de derecho para bloquear la cumbre.

El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha planteado a los líderes que el fondo de reconstrucción tenga un tamaño de 750.000 millones, de los cuales 400.000 millones serían subvenciones a fondo perdido y el resto préstamos a devolver.

Los países del norte siguen enrocados y se niegan a llegar a un montante de transferencias de 400.000 millones. Sin embargo, fuentes comunitarias defienden que pactar una cifra por debajo de este nivel tendría un impacto económico insuficiente.