El desempleo de larga duración es uno de los problemas sociales que más preocupa a UGT-A. El paro estructural no se combate incentivando el consumo, ni con inversiones en infraestructuras. Para reducirlo, las medidas son más profundas y a más largo plazo, empezando por reformar el sistema de Formación Profesional, mejorando la empleabilidad de los parados y la preparación de los ocupados, para garantizar que en el futuro la clase trabajadora andaluza esté cualificada para responder eficazmente a las demandas que el mercado necesita.
En Andalucía unos 280 mil desempleados llevan más de un año buscando trabajo, y 191 mil de ellos, más de dos años. La pandemia de la COVID-19 nos ha traído una nueva crisis de la economía y el empleo que no estaba prevista, y los que peor lo están pasando, y lo van a sufrir, son los parados y paradas de larga duración.
Los técnicos de UGT-A han elaborado un exhaustivo informe, que revela que muchos de estos desempleados llevan sin conseguir un trabajo estable desde la crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria a finales de 2007. Es un reto para nuestro sindicato ofrecer una respuesta a las necesidades de estos trabajadores. Tenemos que ser capaces de incluir a estas personas, no solo como parte del problema del desempleo, sino como grupo al que dirigir medidas que les ayuden a salir del bucle perverso en el que se encuentran.
Desde luego la puesta en marcha del ingreso mínimo vital es importante para subsistir, pero para este colectivo no es, ni remotamente, una solución suficiente. Necesitamos coordinación de las tres administraciones públicas, y acuerdos con sindicatos y empresarios. Son necesarias unas políticas activas de empleo adecuadas, y unos planes de recuperación económica centrados en las personas.
El paro de larga duración es el principal responsable de los insostenibles niveles de pobreza y exclusión social que tiene Andalucía. La capacidad de ahorro de las familias es escasa, por lo que, la pérdida del salario y el fin de las prestaciones por desempleo, imposibilitan el pago de las cuotas hipotecarias, generan pobreza energética, y las simples compras habituales se convierten en un problema.
La experiencia en la gestión de anteriores crisis nos debe servir para tomar medidas que eviten que el empleo que se destruya ahora, vuelva a convertirse en más paro estructural.
En 2007 el número de parados que llevaban más de un año buscando empleo en Andalucía se situaba en 125 mil. En 2013 llegaron a alcanzar los 870 mil. Desde la aparición de los primeros síntomas de recuperación de la economía, en 2014, estas cifras empezaron a bajar, y cerramos 2019 con menos de 375 mil, de los que aún se mantienen 280 mil.
Pero acabar con el paro estructural es mucho más complejo. Hay que abordar soluciones más allá del mercado laboral. Son necesarias medidas transversales, sin perder de vista el principio de igualdad: industrialización de Andalucía, sostenibilidad y viabilidad de los motores tradicionales: el turismo y la agricultura. Implantación generalizada de las nuevas tecnologías: energía verde, aplicación del teletrabajo regulado, y teleformación, evitando la brecha digital. Fortalecimiento de nuestro tejido productivo, fomento del asociacionismo empresarial, y de la capacidad de internacionalización.
Los fondos que van a llegar de Europa deben ser una oportunidad para tomar decisiones que impulsen estas medidas, y reducir el paro estructural de Andalucía. La recuperación económica es fundamental, pero todas las medidas deben tener en cuenta que lo primero son las personas, y el desarrollo de los servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación, la dependencia, la protección social, las pensiones, el ingreso mínimo y la renta mínima… son los que dan sentido al desarrollo económico.
Carmen Castilla
Secretaria General de UGT-A
