Si algo ha puesto en evidencia la pandemia provocada por el COVID-19 es cómo la planificación que toda administración pública debe realizar de un ejercicio presupuestario puede sufrir un vuelco de un momento a otro. Surgen situaciones excepcionales que requieren intervenir rápidamente para dar soluciones en el momento a la ciudadanía. Y los ayuntamientos son la primera puerta a la que llaman los vecinos buscando una ayuda para la que no siempre cuentan con recursos propios suficientes. En este 2020, desde la Dirección General de Administración Local de la Junta hemos visto cómo el tsunami de la crisis sanitaria se nos venía a todos encima, pero eran los alcaldes los que tenían que duplicar las labores de limpieza y desinfección de las calles y edificios públicos como centros educativos o de mayores, adquirir equipos de protección para los profesionales de los servicios sociales comunitarios que atienden a los más vulnerables o los agentes de la Policía Local encargados de vigilar el cumplimiento de las restricciones impuestas durante el estado de alarma, aumentar las plantillas o hacer a sus trabajadores echar horas extra para atender situaciones de emergencia… y todo ello requiere recursos económicos. Por eso, desde el inicio de la crisis sanitaria, reformulamos el presupuesto de esta Dirección General para hacer llegar especialmente a los municipios más pequeños fondos extraordinarios que les ayudaran a sufragar esos gastos, 10 millones de euros en total repartidos entre 563 entidades locales de menos de 5.000 habitantes que se han traducido en más personal de limpieza o ayuda a domicilio, mascarillas, geles, mamparas para edificios públicos y comercios locales, incluso equipos informáticos para facilitar el teletrabajo o asegurar que ningún niño se quedara sin poder seguir las clases online por falta de conexión a Internet.
Conscientes del limitado margen de maniobra de las administraciones locales para responder a imprevistos que trastocan sus arcas, y con vistas al ejercicio 2021 en el que previsiblemente el COVID-19 va a seguir presente en nuestras vidas con importantes consecuencias sociales y económicos, en la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local hemos decidido dar una respuesta en este sentido a los ayuntamientos. Así, el próximo Presupuesto incluirá, en el marco del Plan de Cooperación Municipal, una línea de subvenciones a la que podrán acceder todas las entidades locales no encuadradas en el régimen de municipios de gran población que pretende servirles de balón de oxígeno ante situaciones estacionales que les exijan incrementar los servicios públicos que los ayuntamientos están obligados a prestar. Se tratará de una línea de ayudas para adquirir suministros y bienes de primera necesidad o contratar personal temporal ante acontecimientos sociales, culturales o deportivos que lo exijan, periodos de aumento de población volante o crisis sanitarias y epidemiológicas como la actual.
Es nuestra forma de demostrar que este Gobierno cree en la cooperación entre administraciones en beneficio de los ciudadanos, sin tener en cuenta el color político de los representantes públicos que en cada momento ostentan la Alcaldía, sino en función de las necesidades.
De estas situaciones excepcionales quedan fuera las provocadas por fenómenos meteorológicos adversos o catástrofes naturales, para lo cual hay prevista una segunda línea de subvenciones que, por primera vez, se concederán en régimen de concurrencia competitiva y no por orden de llegada de la solicitud, con el fin de que todos los municipios puedan acceder a ellas independientemente de su tamaño.
En la Dirección General de Administración Local, que ostenta entre sus competencias el nombramiento de funcionarios habilitados nacionales para las entidades locales, conocemos las dificultades que tienen muchos ayuntamientos pequeños para disponer de personal técnico suficiente encargado de tramitar la documentación necesaria para solicitar ayudas. Dado que los recursos económicos siempre son limitados, nos parecía injusto que las subvenciones para paliar los daños en edificios públicos, instalaciones y suministros provocados por temporales, inundaciones u otras catástrofes naturales fueran repartidas conforme llegaran las solicitudes hasta agotar el presupuesto. Consideramos más razonable que todas las entidades locales puedan pedir ayudas para reparar esos daños y evaluar las necesidades de cada una para hacer un reparto justo de estos fondos. Para ello se tendrán en cuenta, obviamente, los perjuicios sufridos, pero también si el municipio en cuestión ya ha recibido antes ayudas de este tipo y un aspecto que preocupa especialmente a este Gobierno, la despoblación. Se trata de evitar que nuestros municipios se vacíen y para ello es preciso garantizar a sus vecinos las mejores condiciones de vida posible, incluida la reparación de infraestructuras y servicios que se vean afectados por catástrofes naturales.
El criterio de despoblación también estará presente, de manera especialmente importante, en el reparto de una tercera línea de subvenciones a entidades locales prevista en el próximo presupuesto de la Consejería que dirige Juan Marín. Se trata de las ayudas para realizar obras en edificios públicos de los municipios, con especial atención a aquellas reformas que busquen habilitar espacios para ayudar a los emprendedores locales a poner en marcha iniciativas que activen la economía local y generen oportunidades laborales para que sus habitantes no tengan que marcharse a buscar trabajo fuera.
Empleo y buenos servicios son clave para fijar la población a su territorio. Y la Dirección General de Administración Local busca ayudar a los ayuntamientos a lograr ambos con estas y otras líneas de ayudas a las entidades locales, en el marco de la estrategia para hacer frente al reto demográfico del Gobierno andaluz de Cs y PP y como complemento al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que cofinancia la Junta con el Gobierno de España y las Diputaciones y que este año volverá a contar con una aportación de 54,4 millones de euros de la Administración autonómica.
Joaquín López-Sidro
Director General de Administración Local. Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Junta de Andalucía
