El proceso de elaboración una Carta de Derechos Digitales tiene como objetivo reconocer los retos que plantea la adaptación de los derechos actuales al entorno virtual, y proponer un marco de referencia para contribuir a su protección en ese contexto.
Para tal fin, la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, perteneciente al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, puso en marcha un proceso amplio de consulta pública y ha impulsado los trabajos de un grupo de expertos en la materia formado por destacados juristas, representantes de usuarios e internautas o consultores de ciberseguridad, entre otros perfiles, con la participación de los ministerios de Justicia y Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, y la Agencia Española de Protección de Datos.
