Miguel López Sierra 
Secretario General
COAG Andalucía
2020 se va y nos deja un sabor amargo marcado por la desgracia que ha supuesto la pandemia de COVID. Ha sido un año para olvidar, también para el campo.
La pandemia ha tenido unas consecuencias brutales para agricultores y ganaderos, especialmente en los sectores más dependientes del canal Horeca, como el porcino ibérico y otras carnes, y el de la flor cortada, al suspenderse los grandes eventos y las celebraciones a punto de dar comienzo la campaña de primavera.
Pero, también, ha quedado claro que el sector agrario es estratégico, que agricultores y ganaderos somos esenciales. Y lo hemos demostrado estando en primera línea produciendo alimentos para la sociedad.
A pesar de ello, 2020 nos deja también al borde de un abismo, que es el camino sin retorno que puede suponer una reforma de la PAC, en vías de negociación, contraria al modelo social y profesional de agricultura, que es el que identifica al campo andaluz.
Lamentablemente, los debates sobre la reforma de la PAC se acaban reduciendo a un debate sobre el reparto de ayudas y no sobre el modelo productivo. La cuestión es determinar si queremos un sector agrario protagonizado por agricultores que viven en el territorio, generan empleo y mantienen vivo el medio rural o, por el contrario, el objetivo es solo repartir recursos con independencia de quien los recibe y que devuelve a la sociedad.
La reforma de la PAC, tal y como se ha planteado, busca desmantelar nuestro sistema productivo con un proceso de reconversión sin precedentes. Los fondos de inversión han puesto sus miras en la alimentación, fulminando las pequeñas explotaciones y acaparando los bienes públicos: tierra, agua y ayudas públicas.
Mezclar la alimentación con la especulación y el beneficio económico de unos pocos, solo puede traer ruina y poner en peligro la salud de la población. Así de claro lo tenemos que decir, ya que se detectan cada día toneladas de alimentos peligrosos (sin control fitosanitario) que entran en Europa, provenientes de países extracomunitarios e invaden impunemente nuestros mercados, tirando los precios.
2020 ha dejado en evidencia que los agricultores y ganaderos andaluces estamos desprotegidos. Comenzamos el año con un proceso de movilizaciones sin precedentes ante los precios de ruina, en muchos casos, por debajo del umbral de rentabilidad. Según Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos (IPOD), el consumidor llega a pagar hasta diez veces más de lo que percibe el productor en algunos productos, como es el caso de la patata, la lechuga, el ajo… entre otros muchos ejemplos. Una situación límite que seguiremos reivindicando hasta que la administración haga de este asunto una cuestión de Estado.
Es cierto que se ha llevado a cabo una reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, pero de poco ha servido. En un principio nos ilusionó porque, por primera vez, se sacaba una norma con el objetivo de frenar las prácticas abusivas que mantenían con la mano al cuello a los productores del sector primario, el eslabón más débil y machacado, pero la norma se ha quedado muy corta, ya que no contempla la creación de un registro de contratos y no introduce la prohibición de venta a pérdidas.
Ha sido un año nefasto en todos los sentidos: por la sequía, con los embalses al 40%, los precios inasumibles, la bajada de la renta agraria un 21% en los últimos cuatro años, la competencia desleal de las importaciones y por la invasión de los fondos de inversión, que cuentan tristemente con la complicidad de los que establecen y gestionan las políticas agrarias.
A pesar de las adversidades, agricultores y ganaderos seguiremos en primera línea, cumpliendo con nuestra responsabilidad social, produciendo alimentos sanos y de calidad. Si una cosa buena nos ha dejado este 2020, ha sido sentirnos orgullosos de dar la cara, en los momentos más duros, por Andalucía.
