Para combatir los efectos sanitarios, económicos y sociales provocados por la pandemia de COVID-19

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado en el Congreso de los recursos extraordinarios puestos a disposición de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea, para combatir los efectos sanitarios, económicos y sociales provocados por la pandemia de COVID-19.

La ministra ha destacado que desde el mismo momento del estallido de la pandemia el Gobierno priorizó, además de la protección del tejido productivo y laboral y la preservación de rentas, también el blindaje del Estado de Bienestar, lo que requería garantizar la suficiencia de recursos en las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, entre cuyas competencias destacan la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Montero también ha insistido en que el Gobierno no acudió al manual de gestión de la anterior crisis de 2008, que se tradujo en una mayor precariedad laboral, en el incremento de la pobreza, la desigualdad, la ralentización de la convergencia entre regiones y con Europa y el debilitamiento del Estado del Bienestar.

En esta ocasión, ha asegurado, ha habido unanimidad entre los organismos internacionales y nacionales en que la austeridad no podía ser el camino escogido, lo que ha sido un reconocimiento implícito de que las recetas neoliberales dictadas en 2008 fueron un fracaso en su pretensión de garantizar el crecimiento, cerrar las brechas de desigualdad y preparar a los países para los retos del futuro. De ahí que organismos como el FMI, los bancos centrales o la OCDE continúen insistiendo en la necesidad de seguir impulsando políticas fiscales expansivas que acompañen a la economía el tiempo necesario.

Recursos “récord”

María Jesús Montero, en su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados, ha anticipado que los recursos del sistema de financiación, las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y los fondos europeos permitirán que las comunidades cuenten con más de 162.000 millones de euros. Supone la mayor cifra jamás registrada y refleja que el Ministerio de Hacienda está blindando el Estado de bienestar protegiendo los recursos de las Comunidades Autónomas.

En concreto, según ha desgranado la ministra, las autonomías dispondrán de 113.729 millones de euros procedentes del sistema de financiación, entre las entregas a cuenta y la liquidación del ejercicio 2019. Se trata de una cuantía ligeramente inferior (1.900 millones) a la de 2020, que será compensada porque el Gobierno central se ha comprometido a financiar parte del déficit público autonómico de este año.

En concreto, los Presupuestos Generales del Estado para 2021 contemplan una dotación adicional de 13.486 millones para las Comunidades Autónomas, una transferencia que recibirán y que no deberán devolver y que les permitirá reforzar sus políticas sociales y su modelo sanitario y educativo.

A estas cifras hay que sumar los 7.000 millones de euros previstos para ayudas directas a empresas y autónomos que el Gobierno de España transferirá a los de las Comunidades en un plazo de diez días a partir de la firma de los convenios entre ambas partes. Hasta el momento, han rubricado los convenios las Comunidades de Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Serán las autonomías las que gestionarán este plan. Esta misma semana el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley para que cada territorio pueda incrementar el listado de sectores elegibles para las ayudas en función de las particularidades que la crisis económica haya tenido en cada región.

La ministra también se ha referido a los 9.760 millones de euros que recibirán los gobiernos autonómicos para financiar políticas de gasto destinadas al fomento del empleo, servicios sociales, educación o acceso a la vivienda. Es una partida que crece un 42%.