María Fernanda Espinosa María Fernanda Espinosa WEB opinion

Expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador

 

En el 2020, así mismo, la ONU cumplió 75 años de su creación. Este aniversario dio lugar a un amplio, dinámico, vibrante proceso de diálogo y reflexión sobre sus logros, sus desafíos y su futuro

Se cumple un año desde el anuncio que hiciera la Organización Mundial de la Salud sobre la declaratoria del COVID-19 como pandemia. En un año, el mundo ha experimentado los cambios más rápidos y dramáticos que hemos conocido. Desde la organización de la vida cotidiana, el trabajo y las relaciones sociales, hasta los procesos de toma de decisiones en la esfera internacional, y en particular en las Naciones Unidas.

En el 2020, así mismo, la ONU cumplió 75 años de su creación. Este aniversario dio lugar a un amplio, dinámico, vibrante proceso de diálogo y reflexión sobre sus logros, sus desafíos y su futuro. A pesar de la pandemia, de las limitaciones en el trabajo internacional, Estados, sociedad civil, sector privado, académicos, jóvenes líderes de todas las latitudes se convocaron en cientos de diálogos para construir propuestas, ofrecer salidas, reafirmar compromisos con la agenda de desarrollo sostenible, con la paz y los derechos humanos, y con el mandato de la organización de las Naciones Unidas.

Haré aquí una breve referencia a las múltiples crisis que vivimos y la magnificación de sus efectos por la pandemia del COVID-19, para luego reflexionar sobre los límites y posibilidades del sistema multilateral para abordar esas crisis, y ofreceré algunas pistas para el necesario proceso de reforma de las Naciones Unidas.

1. Una crisis civilizatoria

El mundo es cada vez más complejo e interconectado. Vivimos una gran paradoja. Por un lado, la globalización ha generado un nivel de desarrollo económico y bienestar material que no tiene parangón en la historia de la humanidad. Y, por otro, ese crecimiento económico se ha afincado en la explotación intensiva de recursos naturales, en una producción industrial contaminante en algunos casos, en la exclusión y marginación de sectores mayoritarios de la sociedad, y en la  concentración de la riqueza en un pequeño segmento de la población mundial.

Uno de los mayores desafíos actuales es precisamente superar las desigualdades y lograr que todas las personas puedan vivir en paz y con dignidad. Eso es precisamente lo que propone la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordados en el 2015 por los 193 países miembros de la ONU. Ningún país puede lograr estos objetivos sin cooperación y solidaridad. En síntesis, sin un pacto global que renueve los compromisos y traduzca la Agenda 2030 en acciones concretas en estos diez años que tenemos para cumplirla.

El más claro ejemplo del carácter global y las consecuencias de los problemas que enfrentamos es, sin duda alguna, la crisis del COVID-19. La pandemia ha sacado a la luz las profundas desigualdades sociales y los problemas estructurales entre países y dentro de ellos, así como la fragilidad y la falta de preparación del sistema internacional para contener el impacto de una pandemia.

Esta crisis, que comenzó siendo un problema de salud pública, evolucionó rapidamente en la peor crisis socioeconómica y humanitaria de los últimos 100 años. La cifra mundial de muertes por COVID-19 ha superado los 2,6 millones, mientras el número de personas contagiadas es superior a 118 millones (Johns Hopkins Coronavirus Resource Center 2021), una situación que está provocando el colapso de los sistemas de salud en todo el mundo y, por ende, la capacidad de los Estados y de las sociedades de salvar vidas.

Las medidas de mitigación y control de la pandemia como el confinamiento, las restricciones a la libre movilidad de las personas y al acceso a los espacios públicos, y el cierre de fronteras de los países, han generado una fuerte caída en el comercio internacional, la inversión, el turismo y el consumo, con graves consecuencias en las economías, el empleo y las relaciones sociales. Según la última actualización del informe Perspectivas de la Economía Mundial del Fondo Monetario Internacional, de enero de este año, la economía mundial se contrajo un 3,5% en 2020 (IMF 2021: 1) -la contracción más aguda desde la Gran Depresión de los años 30- lo que ha provocado que, según datos de la Organización Mundial de Trabajo, se pierdan 114 millones de empleos en el mundo (OIT 2021: 2).

Los grupos más afectados por el creciente desempleo son, por un lado, las mujeres, para quienes el nivel de pérdida de empleo es un 5% más alta que para los hombres, y los jóvenes, que experimentaron un nivel de pérdida de empleo 8,7% mayor al de los trabajadores con mayor edad (OIT 2021: 2).

En términos de lucha contra la pobreza, la pandemia ha generado un enorme retroceso en los avances de las últimas décadas. En octubre pasado, el Banco Mundial estimaba que el número de personas en pobreza extrema subiría a 115 millones para finales de 2020, lo que significa el primer aumento de la pobreza mundial en más de 20 años (World Bank 2020). Las previsiones apuntan a que este 2021, de no tomarse medidas urgentes para dinamizar la economía y dar apoyos directos a las personas de menores ingresos, la pobreza extrema afectará a 150 millones de personas (World Bank 2020). El 82% de las personas que han entrado en pobreza extrema se encuentran en los países de ingresos medios (World Bank 2020).

Asimismo, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), este año 2021, 235 millones de personas necesitarán asistencia y protección humanitaria, un aumento de casi el 40% con respecto a 2020, lo que se debe casi en su totalidad al impacto del COVID-19 en las poblaciones más vulnerables (OCHA 2021). Se estima que hay 51 millones de desplazados internos nuevos, y el número de refugiados se ha duplicado a 20 millones (ReliefWeb 2020). Para fines de 2020, se estima además que el número de personas con inseguridad alimentaria aguda habrá aumentado a 270 millones (ReliefWeb 2020). Debido a la conjunción de estas múltiples crisis, las necesidades de asistencia humanitaria de Naciones Unidas alcanzaron los 35 mil millones de dólares para 2021 (OCHA 2021).

A esta situación ya apremiante hay que añadir la crisis climática, que está provocando efectos devastadores en los medios de vida y la seguridad de las poblaciones más vulnerables del mundo. El año 2020 es el más cálido desde que hay registros del clima (UNEP 2020). Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advirtió que, a menos que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 7,6% cada año entre 2020 y 2030, el mundo no cumplirá la meta de un incremento de la temperatura de menos de 2 grados como establece el Acuerdo de París (UNEP 2019).

En síntesis, hoy enfrentamos una crisis sistémica, civilizatoria, que requiere repensar las relaciones entre sociedad, economía, política y naturaleza y una corresponsabilidad de todos los sectores sociales.

2. Los desafíos de la arquitectura internacional

Uno de los mayores desafíos para el mundo de hoy asolado por un virus microscópico ha sido precisamente cómo ofrecer respuestas coordinadas, integrales y multilaterales a una amenaza que está afectando dramáticamente la economía, los medios de subsistencia y la vida misma de las personas, en todos los rincones del planeta.

A pesar de los llamados a la necesidad de mayor cooperación, solidaridad, coordinación internacional, muchos países han privilegiado respuestas unilaterales, como el cierre de fronteras y mercados, en una lógica del “sálvese quien pueda”, incluso recurriendo a discursos de nacionalismo extremo, con un resurgimiento del racismo y la xenofobia.

¿Por qué la respuesta a la crisis no ha sido colectiva, utilizando el andamiage institucional y los espacios de diálogo y coordinación internacionales? La débil capacidad del sistema multilateral de responder de manera eficaz a los retos de hoy se originan, entre otras razones, en la contradicción entre las relaciones de poder sobre las cuales se edificó la organización de Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, y las transformaciones geopolíticas y de distribución del poder a nivel internacional en los últimos 70 años.

La consolidación de un mundo más multipolar en el sistema internacional plantea serias preguntas para el futuro del multilateralismo, en particular tras la crisis de COVID-19. Solo consideremos que la membresía de la ONU pasó de 51 países a 193 en los últimos 75 años.

El surgimiento de los nuevos centros de poder económico y político, así como de nuevos actores en la política internacional, como también una fuerte presencia del sector privado, los organismos regionales, los pueblos indígenas y las organizaciones de la sociedad civil, han hecho del sistema de gobernanza mundial un espacio en disputa donde convergen los más diversos intereses. Este fenómeno se puede observar en las negociaciones de cualquier foro multilateral, donde los acuerdos y los consensos son cada vez más difíciles de lograr, desde los conflictos armados, hasta los temas de migración o cambio climático.

Esta situación se replica en el caso de la pandemia, que también ha puesto a prueba la capacidad de la ONU para coordinar una respuesta oportuna, concertada y eficaz. La organización debió operar un plan de contingencia para operar en las actuales condiciones de confinamiento y enfrenta, aún hoy, un gran desafío en sus métodos de trabajo. Además, a pesar de sus innumerables informes, resoluciones y propuestas como el establecimiento del llamamiento al cese del fuego global que hiciera el secretario general así casi un año, la creación del Plan Global de Respuesta Humanitaria y el Fondo de Recuperación para Países Pobres y de Ingresos Medios, las respuestas de la comunidad internacional no han estado a la altura de la crisis.

Un claro ejemplo de las dificultades en la respuesta del sistema multilateral es el proceso mundial de inmunización contra el COVID-19. El desarrollo de las vacunas contra este virus despertó gran esperanza para poner fin a la pandemia. Sin embargo, hoy el mundo está viendo con desilusión cómo el acceso y el despliegue de las vacunas es incierto, desigual y está excluyendo a los países y grupos poblacionales más pobres. De hecho, si los patrones de inmunización continúan como están, nueve de cada 10 personas en los países más pobres no podrán ser vacunados este año (Boseley 2020).

Desde la Comisión Internacional de Lancet sobre el COVID-19, en la que tengo el honor de participar, publicamos en febrero pasado un informe sobre la situación de la pandemia. Uno de los elementos que destacamos es que el mundo no cuenta con una plataforma multilateral efectiva y suficiente para la distribución equitativa de las vacunas, lo que ha dejado a los países de ingresos bajos y medios con pocas posibilidades de inmunizar a sus poblaciones, terminar con la pandemia y avanzar en la recuperación económica (Sachs et al. 2021).

La falta de mecanismos multilaterales para asegurar el acceso equitativo a la vacuna del COVID-19 a toda la población ha puesto al mundo al borde de un “catastrófico fracaso moral”, según ha denunciado el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que costará vidas y medios de subsistencia a los países más pobres del mundo (UN News 2021). Además de los costos humanos, el acceso desigual a la vacuna afectará la recuperación económica mundial.

3. El proceso de reforma de las Naciones Unidas

Es claro entonces que una renovación, una modernización de la ONU, es imprescindible. Pero este ejercicio solo será posible con la participación activa, la voz y la opinión de todos los actores, bajo el liderazgo de los Estados.

Cuando ejercí la presidencia de la Asamblea General de la ONU y tomamos la decisión de iniciar un proceso para conmemorar el 75 aniversario de la organización, teníamos en mente algo más que una simple conmemoración de logros pasados. Más bien, la idea fue desencadenar una conversación de alcance mundial sobre el futuro de la ONU, involucrar a “Nosotros los Pueblos” en el proceso de repensar la ONU y, por supuesto, hacer que los Estados Miembros de la ONU se comprometan con una Declaración Política sólida (Espinosa 2021).

El secretario general de la ONU se mostró entusiasmado con la idea desde el inicio. Nombró un equipo de primer nivel para lanzar una consulta mundial. La sociedad civil también respondió con entusiasmo. Más de 60.000 organizaciones contribuyeron a los eventos de la consulta “ONU75” (Espinosa 2021). Redes globales como UN2020 y Together First elaboraron una Declaración y un Plan de Acción Mundial exhaustivos. Además, la Asamblea General de la ONU adoptó   una sólida Declaración Política por el 75 aniversario de la organización, con el apoyo de los 193 Estados miembros. Esta Declaración cuenta con 12 compromisos en los temas más importantes de la agenda multilateral, desde la paz y la seguridad, el combate a las desigualdades y la equidad de género, el cuidado del planeta y el cambio climático, hasta la necesidad de alianzas y partenariados. La Declaración insiste, además, en la necesidad de renovar la confianza en las instituciones multilaterales.

La Declaración Política de la “ONU75” solicita al secretario general a producir un informe para septiembre de 2021, con recomendaciones “para avanzar en nuestra agenda común y responder a los desafíos actuales y futuros” (Espinosa 2021). Me complace saber que, en preparación de este importante informe, la Oficina del Secretario General llevará a cabo consultas de gran alcance, no solo con los Estados, sino también con el sector privado, los líderes de opinión, los jóvenes y la sociedad civil. ¿Por qué son importantes estas consultas? Si bien la consulta mundial “ONU 75” de 2020 dio luces sobre el “qué” se debe hacer y qué tipo de futuro queremos para la ONU, ahora corresponde definir una hoja de ruta para la construcción de esta “Agenda Común”.

Aquí veo dos procesos convergentes. Por una parte, está la renovación institucional de la ONU, que debe proporcionar una estructura organizacional que funcione mejor y esté adecuadamente financiada, incluyendo los mecanismos para la participación del sector privado y la sociedad civil. Y, por otro lado, están las prioridades y plataformas conjuntas que abordan los problemas mundiales en los que la ONU puede y debe actuar tales como la desigualdad, la pobreza, el desarme, la crisis climática y los derechos de las mujeres y niñas. Estos dos procesos son interdependientes y deben ocurrir de manera simultánea.

Precisamente sobre el tema de agendas y prioridades, este 2021 es un año crucial que debe sentar las bases para una necesaria “reconciliación” de la humanidad con la naturaleza. Necesitamos resultados sólidos y ambiciosos de las próximas conferencias mundiales sobre el clima, la biodiversidad y la desertificación, así como las conferencias de alto nivel sobre océanos y sistemas alimentarios. Es la primera vez que en un mismo año se producen cinco eventos mundiales de alto nivel con implicaciones para la sostenibilidad del planeta y las sociedades humanas (Espinosa 2021).

Asimismo, en marzo se celebró el Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copatrocinado por los gobiernos de México y Francia. El foro fue una gran oportunidad para reforzar los compromisos internacionales y acelerar acciones para lograr la igualdad de género. Al reunir a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y al sector filantrópico y privado, brindó al mundo una plataforma para promover cambios transformadores para lograr la igualdad de género y garantizar el disfrute de todos los derechos humanos y el bienestar de todas las mujeres y niñas (ONU Mujeres 2021).

Estos son solo algunos de los momentos claves de la agenda internacional de este año. Y debemos asegurarnos de que ésta sea verdaderamente una Década de Acción para la Agenda 2030.

Un sistema multilateral moderno y eficaz

Para el proceso de reforma de la ONU sea efectivo y cuente con una arquitectura multilateral renovada, debemos considerar ente otros, aspectos claves como:

  1. Un enfoque intergeneracional. El futuro empieza hoy. El diálogo intergeneracional y la corresponsabilidad a nivel nacional e internacional son fundamentales. Alcanzar los objetivos y metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sería una tarea imposible si no está conectada con la opinión pública, con las necesidades de la gente, con la política y los políticos, con los parlamentos, con el sector empresarial. Un enfoque que incluya además a jóvenes y mayores, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, es fundamental para superar la desconexión entre niveles de gobierno y actores sociales y democratizar los procesos de toma de decisiones. La participación social en la toma de decisiones multilaterales no debe verse como una formalidad, un acto simbólico y políticamente correcto, sino más bien como un indicador de efectividad e impacto. Y para que las decisiones sean efectivas y transformadoras, es necesaria la apropiación social a través de mecanismos de participación predecibles, institucionalizados, con mecanismos de rendición de cuentas y transparencia.
  1. Un enfoque sistémico. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son interdependientes. Hemos demostrado una y otra vez que, por ejemplo, la inacción climática profundiza la pobreza, el hambre y desplaza a millones de víctimas cada año. Hay evidencias contundentes de que, por ejemplo, la lucha contra las desigualdades y la construcción de sociedades más justas e inclusivas influyen en la mitigación de la crisis climática. Así mismo, sabemos también que el empoderamiento de las mujeres es un antídoto para la seguridad alimentaria, para el crecimiento económico, y para la garantía y universalidad de los derechos humanos.
  1. La necesidad de un nuevo contrato social. Necesitamos renovar nuestro compromiso con los principios de cooperación y solidaridad, consagrados en la Carta fundacional de las Naciones Unidas y con el esfuerzo colectivo de construir sociedades pacíficas y democráticas, que se centren en la dignidad humana y el respeto por la naturaleza. Hoy existe un gran impulso para promover un “New Deal” global y verde que vaya más allá de una renovación macroeconómica. Empleos verdes, nuevas matrices energéticas, una sabia inversión en sostenibilidad y erradicación de la pobreza. En otras palabras, necesitamos un nuevo contrato social entre la sociedad, la economía y la naturaleza. Ese nuevo contrato social requiere sin duda del compromiso y la participación activa del sector privado. Hay incontables experiencias de alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil que han conducido a pactos fiscales, productivos y ecológicos. La generación de empleo digno, la transición ecológica hacia matrices energéticas renovables, la construcción de infraestructura resiliente y baja en carbono, o la propia producción y despliegue de las vacunas contra el COVID-19 son algunos ejemplos.
  1. Redefinir los “bienes comunes globales”. La necesidad de cooperación y coordinación y de una gobernanza mundial sólida y predecible basada en el derecho internacional es fundamental si queremos tomar decisiones sobre el futuro de nuestros bienes comunes. Necesitamos ir más allá de los bienes comunes convencionales, como los océanos o la atmósfera, y considerar la salud, la seguridad y la dignidad humana como bienes comunes globales que requieren decisiones multilaterales concertadas y, por ende, de una organización con toda la legitimidad y la autoridad para hacerlo.

Lo cierto es que, a pesar de las pérdidas humanas, el sufrimiento, la incertidumbre y la recesión, las crisis desencadenadas por la pandemia del COVID-19 han generado una enorme creatividad, nuevas ideas, propuestas para reconstruir mejor. Tanques de pensamiento, ciudadanos movilizados, pueblos indígenas, agencias y programas de Naciones Unidas, y sus Comisiones Económicas Regionales, están trabajando intensamente para encontrar salidas.  El menú es abundante: desde estrategias de alivio de la deuda externa y de reordenamiento fiscal, hasta un cese al fuego global. Desde un impulso para las economías circulares y empleos verdes, hasta una exención de los derechos de propiedad intelectual sobre tratamientos y vacunas para COVID-19.

El sector empresarial juega sin duda un rol preponderante. La innovación, la corresponsabilidad en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las inversiones en más sustentabilidad, las condiciones laborales adecuadas, son fundamentales para este nuevo contrato social. Hay, como señalaba, cientos de empresas comprometidas con la sustentabilidad y con la justicia social. Por ello, debemos construir alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil en función de pactos fiscales, productivos y ecológicos.

La verdad es que existe un amplio reconocimiento de que no podemos volver a la antigua normalidad, porque no era sostenible. Estamos llamados a crear una nueva normalidad. Necesitamos construir un mundo más sostenible, más resiliente, más humano. Un mundo libre de desigualdades e injusticias, y tenemos las herramientas, tenemos el conocimiento, tenemos los recursos para hacerlo, necesitamos el liderazgo y la decisión política.

Es mucho lo que ya hemos construido en estos 75 años, empezando por todo el andamiaje del derecho internacional. Creo firmemente que las Naciones Unidas son insustituibles. Quizás, hoy estamos asistiendo al inicio de una nueva era. Un nuevo momento fundacional para la organización con la participación de todos y todas.

Referencias