El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, y el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, han mantenido una reunión en Madrid con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en la que le han reclamado la activación de un plan integral de empleo que respete los criterios objetivos marcados para el reparto de fondos de las políticas activas de empleo entre las comunidades autónomas, que permita el mantenimiento en el territorio de las estructuras de promotores y agentes de asesoramiento entre la oferta y la demanda de empleo y que integre las partidas destinadas a Andalucía en el Fondo Social Europeo para 2012. Para analizar e implementar estas medidas, se ha abierto un periodo de diálogo durante el mes de julio entre ambas administraciones.
El vicepresidente de la Junta y el consejero han expresado a la titular de Empleo y Seguridad Social “su malestar” por el hecho de que su Ministerio recorte las partidas destinadas a Andalucía en políticas activas de empleo cuando a esta comunidad le corresponden recursos procedentes del Fondo Social Europeo. La fuente de la financiación del Fondo Social Europeo para las políticas activas de empleo proviene de un Programa Operativo que asigna a Andalucía en el marco 2007-2013 un total de 1.599 millones de euros, el 37,2% del total de España.
Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 prevén ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal de 650 millones de euros por este concepto de forma que, según han defendido Valderas y Ávila en la reunión con Báñez, a Andalucía le corresponde el 37,2% de esa anualidad, que son 241,6 millones de euros. A esta cantidad hay que añadir el 20% de cofinanciación del Estado obligatoria en el Fondo Social Europeo por lo que el Gobierno andaluz ha exigido a Báñez que asigne a Andalucía un total de 302 millones de euros por este concepto en el ejercicio en curso y no sólo los 67 millones asignados en Conferencia Sectorial.
Los representantes del Gobierno andaluz han lamentado el importante recorte de las políticas activas empleo después de que el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio aprobase a instancias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social la distribución entre las comunidades autónomas de las cantidades destinadas a Políticas Activas de empleo durante 2012, de acuerdo con lo aprobado en Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales de 24 de mayo de 2012.
Esos fondos se han recortado en un 57%, pasando de 3.061,34 millones de euros para toda España en 2011 a 1.318,77 millones de euros en 2012. Andalucía ha perdido más de 400 millones, ya que el año pasado recibió 692,78 millones de euros frente a los 298,44 millones de euros.
Según han trasladado a la ministra el vicepresidente y el consejero, el Gobierno central ha hecho un reparto de los fondos que no respeta los criterios objetivos acordados en Conferencia Sectorial para el periodo 2007-2013, de forma que de esta distribución salen perjudicadas las comunidades de Extremadura y Andalucía. No obstante, en el caso de Extremadura el Ministerio ha habilitado un plan extraordinario de empleo dotado con 4 millones de euros que compensa esta pérdida.
Promotores de empleo y ALPEs
Del mismo modo, Valderas y Ávila han lamentado que, en el momento de más paro, el Gobierno central recorte la financiación de los servicios técnicos para la ayuda en la búsqueda de empleo, lo que supone la finalización de contratos de 413 promotores de empleo con el Servicio Andaluz de Empleo y la extinción de convenios en los que se apoya el contrato de 714 Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE)
Durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó, con los votos del Partido Popular, diversas enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios contrarias a la decisión de adelantar al 30 de junio de 2012 la extinción de los contratos a los promotores de empleo, prevista para el 31 de diciembre. Rechazadas esas enmiendas, los Presupuestos Generales del Estado eliminan servicios técnicos destinados a la atención a las personas desempleadas, información a las empresas y seguimiento de las actuaciones.
A la espera de que la ministra reconsidere su decisión, la Junta se ha comprometido a tramitar de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias nuevos contratos temporales a tiempo parcial con los 413 promotores de empleo hasta septiembre y garantizar también el empleo de los Alpes para el mismo periodo.
