EMPRESAS

CEPES-A considera ‘discriminatorias’ las medidas adoptadas por el Consejo de política fiscal

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del pasado 12 de Mayo, el Gobierno central “no trasladó a las Comunidades el aplazamiento de déficit que había conseguido raspar a Bruselas. Se lo reservó para si, volcando toda la carga de la reducción del déficit en las Comunidades y, además, sin prórroga alguna a pesar de la relajación en los plazos que había concedido Bruselas. Ante ello se produjo una protesta liderada por Andalucía y secundada por otras Comunidades.

La imposición del Gobierno no pudo tener peor resultado, el encarecimiento de la financiación exterior y el cuestionamiento del estado autonómico. Las amenazas veladas de intervención a las Comunidades por parte del Estado junto a que se  pusiera en entredicho el actual modelo de organización territorial de nuestro país tuvo las dos consecuencias mencionadas. 

Este es el antecedente con el que  se llegó  a la reunión, en el día de ayer, del órgano de coordinación de la política económica entre Hacienda y los consejeros de las Comunidades. El objetivo del Gobierno fue fijar para el año próximo una media de endeudamiento para las Comunidades del 16% del PIB nacional. Para conseguirlo, se da un tratamiento individualizado a cada comunidad.

El problema radica en el sistema de cálculo que se aplica. Éste premia a las comunidades con mayor deuda, ya que deben hacer el mismo esfuerzo de reducción de deuda que el resto. Es decir, aquellas administraciones autonómicas que han sido más derrochadoras deberán hacer un menor esfuerzo que aquellas que han aplicado unas políticas de gasto más comedidas, austeras o eficientes.

Así, por poner un ejemplo significativo, mientras Cataluña o Valencia, con deudas acumuladas de 41.788 y 20.762 millones de euros, respectivamente y que representan más del 20% de sus PIB se podrán endeudar hasta el 23% de su PIB; Andalucía con una deuda de 14.314 millones – 9,8% del PIB-  sólo podrá hacerlo hasta el 13,21%.

Es evidente que Andalucía resulta claramente perjudicada por este sistema e, incluso, discriminada. Pues estando por debajo de la media de deuda autonómica se le exige tanto o más, comparativamente, que a las que mayor deuda tienen.

Las cifras mencionadas, aun siendo llamativas, probablemente no nos digan gran cosa. Pero sí la traducción práctica de las misma. Se convierten en 3.000 millones de euros en políticas de ajustes que deberá aplicar la administración andaluza.

Todos sabemos lo que esto puede significar en cuanto a merma en los servicios esenciales que, en este caso, el Estado autonómico tiene la obligación de prestar con calidad en educación, sanidad y demás servicios y prestaciones propias del  Estado del Bienestar.

Como “injusta” y “discriminatoria” ha sido calificada por la Consejera de la hacienda andaluza la deuda máxima fijada por el Gobierno para Andalucía. Calificativos con los que nos mostramos de acuerdo. Es más, el recurso de inconstitucionalidad sería un buen instrumento para recabar proporcionalidad e igualdad en el trato dispensado a nuestra Comunidad.

En un contexto en el que la economía no mejora; el deterioro del mercado laboral es insostenible; las empresas pequeñas y medianas siguen desapareciendo por falta de liquidez crediticia con la que afrontar el día a día y; el bienestar educativo, de salud y de asistencia social de muchas personas y familias sigue deteriorándose y sin visos de mejora, se hace necesario restablecer consensos para salir lo más indemnes posible de este dificilísimo trance en el que nos encontramos. El Consejo de Política Fiscal y Financiera no se puede convertir en un instrumento por el que el Gobierno dicta y las autonomías acatan, sin que haya espacio para la reflexión, el debate y el consenso. Es lo último que necesitamos en estos momentos”, aseguran desde CEPES-A.