Como bien expuso el amigo Juan Rodríguez en su artículo de opinión el pasado mes en esta revista, uno de los principales problemas con los que se van a encontrar las nuevas corporaciones locales va a ser la falta de ingresos suficientes para afrontar la prestación de servicios comprometida con su ciudadanía. Además, la crisis económica va ha tener aparejada el incremento de varias demandas relacionadas directamente con las Administraciones Públicas Locales como son las asistenciales, la valoraciones de los expedientes pendientes de la Ley de Dependencia y las políticas activas de empleo. En positivo hay que señalar que existe un marco normativo estable, así como un equilibrio competencial entre las diferentes Administraciones en lo referente tanto a los Servicios Sociales Comunitarios, como a la Ley de dependencia. Pero este no es el caso para las políticas activas de empleo, considerado actualmente como el principal problema que acucia a la ciudadanía en todas las encuestas del CIS que se están realizando en los dos últimos años.

No existe un mandato normativo claro. Las transferencias están en manos de la Administración Autonómica, pero sin embargo no hay ningún Ayuntamiento o Diputación Provincial que se preste que no tenga un departamento o servicio dedicado a esta materia. Pero para llevar a cabo sus proyectos, las Administraciones Públicas Locales al mismo nivel que otras organizaciones e instituciones sociales tienen que acudir a diferentes convocatorias de diferentes programas planteadas por diferentes organismos en constante evolución distribuidos por la Administración Autonómica. Todo ello provoca varios problemas relacionados con incertidumbre sobre la estabilidad de los servicios y el diseño de estos programas en función de unos criterios establecidos fuera de lo local y que en ocasiones no responden a sus demandas concretas. Muchos son los retos que tiene que solucionar la Consejería de Empleo de aquí hasta el final de la legislatura autonómica: los EREs falsos, el control de las ayudas a la contratación. Pero no hay que olvidar esa asignatura pendiente como es la segunda descentralización de las políticas activas de empleo que marque por lo menos un escenario competencial que sepa dar respuesta al gran reto de los próximos años que no es otro que la creación de empleo, renta y riqueza.

En este escenario tampoco colabora la Administración Estatal. La principal línea de ayuda que existe para apoyar a las Administraciones Públicas Locales son las subvenciones gestionadas por el Ministerio de Política Territorial dentro del Programa Operativo ‘Adaptabilidad y Empleo’ del FSE. Estas ayudas están llegando a las Diputaciones y Ayuntamientos con más de dos años de retraso, estrangulando la economía de los mismos pues en cumplimiento de las restricciones sobre el déficit público, no pueden endeudarse a corto plazo. De esta manera el Ministerio está desvirtuando los objetivos, la eficacia y la eficiencia de estos programas básicos para las políticas de empleo municipales de Andalucía. A este hecho hay que sumarle la circunstancia de que la resolución de las nuevas ayudas están pendientes de decidir por el Ministerio hasta después de las elecciones locales, creando de esta manera incertidumbres relacionadas con factores más políticos que técnicos.

En definitiva, esos alcaldes y alcaldesas que no se han cansado de prometer empleo a sus electorado se van a encontrar con las manos atadas, sin autonomía, sin un marco normativo y sin recursos. De nuevo como en otras legislaturas habrá que tirar de voluntad política y de imaginación, ya que la falta de empleo está traspasando las barreras de lo económico, convirtiéndose en un problema social y político. Y el actual marco institucional ha demostrado su incapacidad para llevarlo a cabo con la máxima diligencia.