Actualmente nos encontramos en el debate de la financiación autonómica, que el Gobierno del Estado creo que sabiamente ha decidido vincularlo en el tiempo con la financiación local. Pues no olvidemos que el Estado Constitucional que disfrutamos reconoce claramente a la Administración en tres niveles iguales pero de diferentes ámbitos como son el Estado, las autonomías y la local. Pero la realidad es que esta última sigue siendo la hermana pobre sobre todo en lo referido a financiación y recursos necesarios para prestar sus servicios. Y dentro de estos servicios yo destacaría los relacionados con el desarrollo local.
Después de casi 20 años de políticas de desarrollo local, muchos son los avances y éxitos que se han conseguido. Pero sin embargo, hay múltiples impedimentos que conforman un complejo entramado que impide que el mismo arranque definitivamente en Andalucía, y que provoquen que muchas cosas no hayan cambiado definitivamente y sigan como estaban entonces. Por todo ello, en este artículo al contrario de lo que es mi costumbre no me dedicaré a relatar las excelencias del modelo que ya fue reconocido por la OCDE en los años setenta, recomendado por la ONU en los ochenta y planteado por la UE como estrategia desde le principio de su política estructural; sino me detendré en cuáles son los motivos y causas por lo que en esta tierra aún no hay un modelo estructural y consolidado a largo plazo.
En primer lugar, me gustaría detenerme en las responsabilidades que tiene la Administración Autonómica Andaluza, pues es ella quien actualmente posee las competencias en materia de desarrollo endógeno y políticas activas de empleo. Ciertamente, antes de plantearse una política de desarrollo local, es necesaria una estrategia coordinada dentro de un enfoque integral de desarrollo regional. Pues bien, existe digamos ese planteamiento regional aunque a veces descoordinado por diferentes consejerías y organismos públicos. Pero el siguiente paso, sería descentralizar estas políticas a la Administración más cercana a la ciudadanía que es la local. Pues, por una parte, la persona desempleada, empleada, emprendedora, o empresaria donde acude en primer lugar para presentar sus demandas son a los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales; y por otra parte, esta demostrado a raíz de múltiples estudios empíricos que la eficacia y eficiencia de estas actuaciones se incrementan a medida que se disminuye la distancia territorial entre la Administración y ciudadanía. Sin embargo, la realidad actual es que las Administraciones Públicas Locales no tienen actualmente ni un marco legislativo que consolide sus competencias y una financiación estructural que plantee estrategias a medio y largo plazo. Por todo ello, las Administraciones Públicas Locales que tienen la voluntad política de llevar a cabo estas intervenciones, que por otra parte dependen de los equipos de gobierno que estén en ese momento, deben de pedigüeñear en las diferentes consejerías, diferentes proyectos finalistas con una duración determinada y concreta. Estas subvenciones se conceden o no en función de determinados criterios territoriales que en ocasiones son difíciles de explicar desde un punto de vista técnico. Por supuesto, existen barreras y estrangulamientos al desarrollo que son comunes a todo el territorio andaluz y que necesitan de una planificación regional. Pero quien mejor que la Administración Local para saber cuáles son las principales características de su desempleo o las principales potencialidades de su localidad. Y para ello, éstas necesitan autonomía y dinero que les permita plantear una estrategia a medio y largo plazo. Los modelos de desarrollo endógeno surgen como contraposición a las antiguas fórmulas centralistas planteadas en el Plan de Estabilización de 1959 donde desde Madrid se diseñaba que es lo que hacía falta en cada lugar sin contar con el territorio. Una vez consolidado y planteados los instrumentos de intervención en el ámbito regional. La siguiente fase, es afrontar realmente una segunda descentralización y volver a entender que hay que contar de nuevo con los territorios pero ya en el ámbito de lo local.
En ocasiones, otro culpable de esta situación son la propias Administraciones Locales, que se conforman con esta situación. Expresiones como las de "Que güena la Junta que nos ha dado dinerito para esta Escuela Taller o para tal Andalucía Orienta" me suenan muy parecidas a las expresiones que, me han contado, decían en la baja Andalucía los jornaleros cuando trabajaban de sol a sol: "Que güeno el señorito que se abaja del caballo a fumarse un cigarrito con nosotros". No hay que conformarse con esto, hay que reclamar competencias y defender la necesidad de poder liderar proyectos propios. Pero un Ayuntamiento concreto no tiene posibilidad ni fuerza por muy importante que sea, y es la FAMP y los partidos políticos los que deben y tienen la obligación de cambiar y transformar este escenario.
Los Ayuntamientos por justicia, eficacia y eficiencia, necesitan y deben de apostar por tener competencia y recursos propios para gestionar sus propias políticas de fomento del empleo y promoción económica, compatible con una estrategia global de desarrollo regional. Para ello se hace necesario una apuesta y un pacto tanto de las administraciones como de las organizaciones políticas andaluzas en pos no de una intervención a impulsos y sin autonomía, sino una política consolidada y estructural en el tiempo.
